Representante Julián Bedoya por el departamento de Antioquia, actual Presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se ha convertido en un organismo inoperante que no administra justicia y que además le cuesta a los colombianos. ¿Quién la vigila? ¿A quién le rinde cuentas?
Tengo aprendido que cuando un servidor público retarda u omite un acto propio de sus funciones comete un delito denominado Prevaricato por Omisión. La excusa del funcionario judicial que omite el cumplimiento de sus deberes siempre es la misma: la existencia de muchas investigaciones en su haber que no le permiten atenderlas todas cabalmente.
Es cierto que existe congestión judicial. Es cierto que el número de casos desborda la capacidad física del funcionario.
Pero esta no es la situación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se ha convertido en un organismo receptor de denuncias para archivar y para, algunas veces, originar un rimbombante titular de prensa y no más.
¿Cuánto le cuesta al Estado –léase a los colombianos- la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes?
¿Por qué no funciona la Comisión de Acusaciones? ¿Quién la vigila? ¿A quién le rinde cuentas?
¿El acceso a la administración de justicia aplica para la Comisión de Acusaciones?
¿Será jurídicamente viable que se denuncie penalmente a los miembros integrantes de la Comisión de Acusaciones ante los Honorables Magistrados miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se les investigue por Prevaricato por Omisión, en razón a que han retardado u omitido investigar y procesar a los mismos miembros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia denunciados ante esa misma Comisión de Acusaciones?
¿Cuál será la respuesta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a una denuncia penal de esta naturaleza?
¿Bastará la declaratoria de un impedimento, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, para satisfacer integralmente la situación planteada?
¿Será este un tema que solo avergüence al constituyente primario y sonroje al constituyente derivado?
Cualquiera que sea la respuesta o la conclusión sobre esta particular situación, el único sacrificado en lo expuesto es aquel que ha sufrido un agravio por los falibles y mortales jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que huérfano queda de justicia y de rectificación.
El órgano de persecución penal de la Corte Suprema de Justicia (Comisión de Acusaciones) no funciona, no actúa, no trabaja y no está interesada en hacerlo y los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia, cómodamente y placenteramente contemplan esta gracia y bendición constitucional que, seguramente celebran y brindan por ella porque, no conoce este autor, ninguna propuesta de los Honorables Magistrados Supremos que apunte a desmontar este juez sin ley que les permite, actuar irresponsable, dolosa e impunemente.
Me comentaba un aprendiz del derecho penal que el miedo y la insuperable coacción ajena son causas que eximen de responsabilidad penal. Esto es, cuando un delito se comete en razón y con ocasión de un fundado temor o miedo, no se actúa con culpabilidad penal. También cuando se actúa bajo la insuperable coacción ajena y se comete un delito, tampoco se responde penalmente.
¿A quién le teme la Comisión de Acusaciones para omitir dolosamente el cumplimiento de sus deberes constitucionales?
Obviamente, a la furia de sus investigados que, a su vez, en sus calidades de Magistrados Supremos, son sus propios jueces naturales.
¿Y quién presiona y coacciona a los indefensos miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes?
Sin duda, sus propios investigados que, a diario anuncian en la gran prensa como trofeo y estandarte nacional e internacional que han condenado más de sesenta (60) congresistas! Y otros esperan en el callejón del tribunal máximo y supremo por sus respectivos fallos que, estadísticamente, serán de condena.
Está dicho, la Honorable Corte, no manda a capturar a ningún congresista que no vaya a condenar.
Frente a ese panorama, no hay ponente para ninguna investigación en contra de un Honorable y deificado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta los propios compañeros de curul de los “infortunados” miembros de la llamada Comisión de Acusaciones, previenen a sus colegas en no tocar a los intocables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que se eviten contratiempos en sus carreras políticas.
Son los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, los únicos servidores públicos que al entregar y despedirse de sus cargos no pueden decir la repetida frase de cajón “me voy con la satisfacción del deber cumplido”, se van con la inconfesable convicción de que el deber quedó incumplido e irrespetado.
La omisión de la Comisión de Acusaciones, en darle curso legal a las denuncias contra los magistrados supremos, es dolosa y deliberada porque por más que insista el denunciante en que se imparta trámite y celeridad a las querellas criminales instauradas, estos, se muestran sordos y ciegos a los clamores de administrar justicia.
Es que no se pide que condenen a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, solo se pide que por lo menos se les investigue y se sepa la verdad, que con la verdad es suficiente para apuntalar la inocencia de más de un colombiano víctima de las veleidades y mezquindades que se manejan al interior de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo anterior, solo me queda pedirles a quienes en algún momento fueron mis colegas, cumplan con el deber para el cual fueron elegidos y para cuando les corresponda retirarse o despedirse, lo hagan, con la satisfacción del deber cumplido.
En mi caso, presenté denuncia penal en contra de la Sala Penal de la Corte que emitió el fallo de mi injusta condena y, al día de hoy, han pasado dos largos años y solo se ha logrado la ratificación de la denuncia por pedido del suscrito pero, no ha habido siquiera un solo intento en pedirle explicaciones a los magistrados denunciados, sobre los hechos de mi denuncia y hace más de un año renunció el Representante investigador y no ha sido reemplazado.
Por eso les pido, públicamente, aplicar el derecho y seguro harán justicia.
