Esta frase, que fue acuñada como en una película, se usa cuando todas las variables desencadenan en una situación de gran relevancia. Hoy podemos decir, tal como la película comentada, que la JUSTICIA COLOMBIANA —si aún queda algo de ella— atraviesa por una tormenta perfecta y su desenlace puede ser peor que catastrófico para el Estado.
La Justicia, que es un servicio público esencial, por décadas viene arrastrando una pérdida de legitimidad y de efectividad en sus actuaciones. Ya es lugar común escuchar cómo se perdió la majestuosidad de la investidura de Juez. Los ciudadanos, con nostalgia, se refieren a las otroras cortes de lujo, que engalanaron el pensamiento jurídico Colombiano.
Por lo anterior, pese a lo escandaloso de lo escuchado en el caso Pretel, los ciudadanos han permanecido a la expectativa de cual va ser el desenlace del mismo y de paso han confirmado lo que en las cafeterías se escucha: “Es mejor un centímetro de Juez, que un kilómetro de Jurisprudencia”.
Si estuviésemos en un país en donde la verdad y el honor se conjugaran como verbos principales en la acción de la mayoría de los funcionarios judiciales, seguro este escándalo no hubiese pasado a mayores, ya que el cuestionado Magistrado hubiese renunciado en el acto.
El magistrado cuestionado —a quien no condenamos penalmente desde esta tribuna— no sólo ha manifestado que no va renunciar, sino que además pasó al contra ataque y lanzó su frase célebre : “Si me voy yo, nos vamos todos…”. Se pregunta desde esta tribuna, ¿acaso lo denunciado por Pretel y la misma denuncia contra él, es una flor exótica en la justicia y esta situación es la culpable de ésta crisis?
La respuesta es un NO rotundo. La crisis de la justicia viene de tiempo atrás y podemos decir, sin equivocarnos, que este actual espectáculo es la gota que rebasó el vaso.
Los barros que vemos hoy en día y que prometen salpicar a todos, y por demás, arrastrar con la institucionalidad, se originaron en aquellos polvos que podemos resumir de esta forma: INJUSTICIA MATERIAL Y FORMAL en los procesos. Sin entrar a revisar todas las jurisdicciones, la forma de impartir justicia en las altas cortes —sobre todo en la penal— parece más un escenario de venganza política, que el de un juicio justo.
Si en la máxima instancia de casación penal, en el sumun del derecho penal, se vulneran los mínimos derechos procesales, se construyen condenas con testigos falsos, se valoran las pruebas en contra de la sana critica, se comete fraude procesal, se viola el principio universal de la presunción de inocencia, se viola el principio universal de doble instancia; ¿qué se puede esperar entonces para los jueces de inferior jerarquía? Por ende, de la forma como se resuelvan las situaciones atrás enunciadas, de la forma como se garantice que la justicia otorgue justicia material y soluciones adecuadas, de la forma como se garantice que los magistrados tenga un verdadero juez que los investigue, que se acabe el clientelismo judicial, que se aplique un verdadero régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que se acabe la mora judicial; dependerá que la ciudadanía vuelva a creer en la justicia.
“Si en la máxima instancia de casación penal, en el sumun del derecho penal, se vulneran los mínimos derechos procesales, se construyen condenas con testigos falsos, se valoran las pruebas en contra de la sana critica, se comete fraude procesal…”
Los anuncios que hace el Gobierno Nacional, no resuelven la integralidad de lo que se requiere. Los cambios tienen que ser estructurales y si el Congreso de la Republica no los puede realizar, pues llegó la hora de que esta tormenta perfecta abra el paso a una ASAMBLEA CONSTITUCIONAL, la cual puede ser convocada por el Sr. Presidente y con un solo tema: REFORMA ESTRUCTURAL a la justicia.
Esta reforma debe permitir que las cortes recobren su dignidad, pero que también los jueces territoriales impartan justicia pronta y oportuna. La reforma debe eliminar todas las arandelas que han sido colgadas al árbol de la justicia y que hoy, lo tienen torcido.
Elevar la edad para acceder a las Cortes y evitar de esta manera que jóvenes y brillantes abogados, una vez terminen su periodo se dediquen a litigar, no eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, pero si quitarle la función jurisdiccional y que solo sea un órgano administrador y disciplinario, garantizar la doble instancia en todos los juicios, garantizar una instancia imparcial para el juicio de los magistrados, establecer la prohibición de que familiares sean nombrados en cualquier cargo del Estado —salvo los de carrera— y eliminar las funciones electorales de las cortes, serán los temas que podrán desenredar el nudo gordiano de la incredulidad.
