Ahora que el delfín presidencial Nicolás Petro Burgos se quedó sin su última carta para evadir el escrutinio de la justicia al serle negada la recusación que interpuso en contra del Fiscal Francisco Barbosa, pareciera abrirse un nuevo camino para que se empiecen a aclarar las dudas que desde hace varios meses se ciernen sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro Presidente.
La Corte Suprema de Justicia le dijo, palabras más palabras menos, que ser el hijo del Presidente de la República no lo exime de tener que responder a una investigación judicial, entre otras cosas porque se trata de un proceso que podría desencadenar en el mayor escándalo político de que se tenga noticia en la historia de Colombia, en caso de probarse de que a la campaña presidencial de Gustavo Petro ingresaron dineros de dudosa procedencia.
Su exesposa Day Vásquez reveló ante los medios de comunicación y en reiteradas diligencias frente a organismos de control, que Nicolás Petro Burgos recibió dineros por parte de personajes de pasado oscuro para supuestamente financiar la campaña de su padre, pero que él no la habría usado para tal fin, sino que se quedó con esos recursos para lucro personal.
En momentos en que el país se escandaliza ante los audios en los que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga confiesa que sabía perfectamente la operación mediante la cual la corrupta multinacional Odebrecht aportó cuantiosos dineros a su campaña, revive el camino investigativo que se adelanta para determinar si, en efecto, los recursos recibidos por Nicolás Petro, no fueron empleados para asuntos de la campaña de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro.
Conviene recordar que Nicolás Petro es el primogénito de los hijos de Gustavo Petro y que en en el 2022 fue pieza clave en el andamiaje de la campaña de su padre en la Costa Caribe, dada su posición como diputado a la Asamblea del Atlántico, cargo desde el cual movió lo hilos del proceso proselitista que condujo a la victoria de su padre.
Day Vásquez, quien para ese tiempo era su pareja sentimental, relató ante los medios y las autoridades, la manera como se manejaban dineros en grandes cantidades en efectivo en su residencia matrimonial, con pruebas en la mano reveló nombres, lugares y circunstancias en las que Nicolás Petro habría recibido dineros dudosos para la campaña de su padre, aunque negó que Gustavo Petro conociera las andanzas de su hijo.
Pero el relato de la señora Vásquez, podría ser apenas la punta de un iceberg de dimensiones insospechadas y es el hilo del que ya empezó a tirar la Fiscalía de Francisco Barbosa, para determinar de dónde han salido los dineros con los que el delfín presidencial se da la vida de lujos que ha sido mostrada ampliamente por medios de comunicación y a través de redes sociales.
No es de extrañar que en una de las conversaciones que Day Vásquez reveló a los medios, el propio Nicolás expresara que su señora madre se había sorprendido tanto con una propiedad adquirida, que le preguntó que si el amigo supuesto propietario del inmueble era un “traqueto”.
EL LADO OSCURO DE LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS EN COLOMBIA
Si se llegara a comprobar que los dineros recibidos por Nicolás Petro fueron usados, así sea en parte, para financiar asuntos relacionados con la campaña de su padre, el Presidente Gustavo Petro tendría que afrontar no solo las investigaciones a que tuviera lugar por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sino a una responsabilidad política mayúscula, que en otras oportunidades han evadido una y otra vez algunos de sus antecesores en el solio de Bolívar.
La infiltración de dineros de la mafia o de la corrupción en las campañas políticas no es un asunto nuevo en Colombia. Ya a mediados de la década de los 90, tras los llamados ‘narcocasetes’, el país tuvo que asistir a cuatro años de un mandato de Ernesto Samper Pizano salplicado por el escándalo que demostró el ingreso de dineros del Cartel de Cali en su campaña, mientras él, atornillado al Palacio de Nariño, insistió una y otra vez que si se hizo fue ‘a sus espaldas’.
Un argumento que también usó el siguiente Presidente, Andrés Pastrana Arango, a quien en sesudo debate de control político en el Congreso, el entonces senador Javier Cáceres Leal le demostró con abundantes pruebas que su campaña fue financiada en parte por la empresa Dragacol, posteriormente favorecida por una conciliación de cerca de $26 mil millones de la época, por contratos no ejecutados.
Ya para ese momento se contaba con legisladores y organismos de control mucho más robustecidos dispuestos a develar el modus operandis de la financiación de campañas políticas en Colombia, siempre violando los topes económicos, haciéndole al quite a la democracia y compitiendo en clara diferencia de condiciones con quienes no ejercen este tipo de rácticas malsanas.
Luego pasaron los años y apareció en escena la multinacional brasileña Odebrecht, que se dedicó a sobornar políticos por todo el continente para posteriormente ser favorecida con jugosos contratos de infraestructura que le representaban millonarias ganancias, una operación altamente compleja que fue desmantelada por la investigación de agencias norteamericanas.
Haca pocos días una de las Ministras estrella del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez Correa, pudo ser imputada por fin por la Fiscalía colombiana, por su presunta participación en la adjudicación del tramo Ocaña Gamarra de la Ruta del Sol II, obra que le fue otorgada a Odebrecht.
Un conglomerado que no se guardó nada y que siguió con sus contactos en Colombia, entregando presuntamente coimas y financiando campañas para quedarse con jugosos contratos, que se preume habría también aportado a la campaña de Juan Manuel Santos y en el mismo 2014 a la Óscar Iván Zuluaga, quien por el momento es la única persona de alto nivel que podría terminar preso por esta operación corrupta que admitió en conversaciones que fueron grabadas por su asesor Daniel García Arizabaleta y que están en poder de la Fiscalía.
¿SE VIENE TAMBIÉN EL ESCÁNDALO DE LA CAMPAÑA DE PETRO?
Ante escándalo tan mayúsculo, los colombianos también esperan resultados en las investigaciones que apuntan a una supuesta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro, un hecho que tiene dos puntas: la primera, la confesión de Day Vásquez sobre su exesposo Nicolás Petro Burgos y la segunda la del exmabjador en Caracas Armando Benedetti, quien dejó entrever en sus conversaciones con Laura Sarabia, que él sabía quién había financiado la capaña en el caribe y que si lo contaba todos se iban presos.
Latentes estas dos líneas investigativas, es posible que se conozca en realidad si la campaña de Petro fue tan limpia como han querido hacerle ver al país o hay movimientos de dineros que se desconocen y que tendrán que ser los organismos de investigación los que tendrán que determinar.
Cabe recordar que el gerente de la campaña de Petro fue el hoy Presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán, quien podría resultar salpicado en caso de que las autoridades llegasen a encontrar algún movimiento irregular o hasta ilegal ligado a la financiación de las actividades proselitistas de Petro que no estuvieron exentas de grandes gastos que se notaban en las multitudinarias convocatorias de personas en todo el país.
La Revista La Injusticia ha publicado varios informes sobre estos temas y en próximos días estará dando a conocer un completo dossier sobre la financiación irregular de las campañas en Colombia, donde se derrochan enormes cantidades de dinero, se violan los topes financieros de manera abierta y casi nunca se individualizan responsabilidades por estos hechos. Esta vez varios podrían salir afectados en caso de un actuar pronto de la justicia, entre ellos Ricardo Roa Barragán, quien maneja la estatal petrolera Ecoipetrol la empresa más grande del país, puesto allí por el propio Presidente Petro. La ciudadanía confía en que haya resultados en estas actuaciones judiciales.
