Los líos del exgerente de la campaña de Petro, nuevo Presidente de Ecopetrol

Ricardo Roa Barragán, el elegido para presidir la empresa estatal más importante del país, Ecopetrol, quien es ingeniero mecánico y técnico electromecánico de la Universidad Nacional, especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería de la Javeriana y aspirante a la maestría en Estudios de Política en la misma universidad, ha sido un personaje que durante su vida pública ha sabido maniobrar el vaivén del oleaje que un día lo sube a las crestas y otro lo baja a niveles que rozan el filo de la navaja de las peligrosas profundidades.

El nuevo responsable de la compañía petrolera estatal, quien también ha ocupado destacados cargos tales como la Presidencia del Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P., de Transportadora de Gas Internacional (TGI), gerente de la Electrificadora de Santander y la Gerencia general de la Empresa Energía de Honduras EEH, entre otros, sustituye a Felipe Bayón, quien ejerció como presidente hasta el pasado mes de marzo.

Justamente, uno de los retos que tiene el nuevo presidente es mantener o superar las exitosas cifras financieras que dejó su antecesor. En el año 2022, la petrolera logró duplicar su beneficio neto atribuido, hasta alcanzar los 33,4 billones de pesos colombianos (6.445 millones de euros).

Sin embargo, el punto de partida al parecer lo dio con el pie izquierdo, y desde varios sectores se le endilga el fuerte bajonazo que produjo su nombramiento en el mundo bursátil por sus primeras declaraciones a la prensa.

“El nuevo presidente de Ecopetrol destruyó $15 billones de pesos de valor de la empresa en sólo 15 minutos de entrevista radial. Esto debe ser un récord mundial”, se dijo en las redes sociales.

En las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol se escucharon frases como que ‘no se firmarán nuevos contratos de exploración en Colombia, y se le dará prioridad a la generación de energía no a los hidrocarburos’, y anunció que ‘se regresaría a las metas cuantitativas de producción, superadas en 2012’.

La reacción en las bolsas no se hizo esperar: 12.23% de caída del precio de la acción en bolsa, lo que implica una pérdida de $3.350 millones de dólares ($15 billones de pesos) en su valor de mercado.

Pero más allá de todas las expectativas que hay por el manejo que se le dará al tema del petróleo en Colombia, hay varios temas en la palestra que aún no se han esclarecido del todo y en los que el nuevo presidente de Ecopetrol ha sido protagonista.

Aparentes irregularidades en las cuentas de la campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro, de la cual Roa fue su gerente, como posibles violaciones de topes de financiación, dineros recibidos por fuera de la contabilidad (se investigan las denuncias de Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro) y hasta pagos a empresas fantasmas, son investigaciones que en la actualidad están vivitas y aún sin resolver por las autoridades.

De igual forma, en diferentes medios de comunicación se han divulgado algunas actuaciones no muy claras del hombre fuerte de Ecopetrol, como su paso por una compañía energética estatal en Honduras al lado de un reconocido y cuestionado empresario, William Vélez, señalado como cercano a grupos paramilitares, o su desempeño como gerente de la Electrificadora de Santander, entre otros.

Dos de los periodistas más connotados del país en materia de investigación, Daniel Coronel y Norbey Quevedo, han puesto sobre la palestra, en la revista Cambio el primero y el segundo en su portal Agencia de Periodismo Investigativo (API), varias de las presuntas acciones fuera de lo legal en la que estaría inmerso el hoy flamante presidente de Ecopetrol.

Tanto Coronel como Quevedo han dado muestras durante su actividad periodística de ser valientes profesionales que han denunciado varios casos de irregularidades con dineros del estado, sin intenciones partidistas ni para conseguir dádivas de ninguna clase.

Un informe de la revista Cambio reveló que la auditoría contratada por el Consejo Nacional Electoral para revisar los topes de financiación en las pasadas campañas presidenciales, encontró pagos a empresas fantasmas, donaciones no registradas y una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar estos topes.

Los responsables legales serían el hoy presidente Gustavo Petro y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, recién posesionado como presidente de Ecopetrol.

Nexia Montes & Asociados, una firma contable colombiana, vinculada a una red mundial de compañías de contabilidad y auditoría con sede en Gran Bretaña, fue la encargada de realizar la auditoría que contemplaba examinar los ingresos y gastos de la campaña presidencial de Petro.

El informe de la firma auditora, revelado por DanielCoronel, llegó con sorpresas: donaciones en especie no declaradas, pagos a empresas que no existían para el momento del desembolso, y el reemplazo a última hora de una factura que evitó que se volaran los topes de financiación.

“Los expertos auditores encontraron que las omisiones en la campaña del hoy presidente empezaron muy temprano. Por ejemplo, la ley establece que los libros deben registrarse al momento de la inscripción del candidato. Sin embargo, la campaña de Petro lo hizo una semana después. Eso sería lo de menos. De acuerdo con la auditoría, algunos costos de la consulta interpartidista fueron irregularmente cargados a la primera vuelta de la campaña, lo cual podría tipificar una falsedad. Y, además, encontraron que gastos posteriores a la primera vuelta se incorporaron retroactivamente a esa ronda”.

Pero tal vez la irregularidad más llamativa, según el informe de auditoría, tendría que ver con la virtual violación de los topes de gastos en la primera vuelta. La campaña reportó que gastó el 99,93 por ciento de las sumas legalmente autorizadas. El tope eran 28.536 millones y reportaron gastos por 28.517 millones. Esto quiere decir que estuvieron apenas a 19 millones de pasarse. Los auditores encontraron que para mantenerse dentro de ese margen anularon una factura de una empresa de vigilancia y la integraron a la contabilidad por un valor menor.

“La empresa contratada se llama Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad y el objeto del contrato era el suministro de escolta privada entre el 2 y el 29 de mayo de 2022. Dicho contrato tuvo un valor cercano a los 77 millones de pesos, IVA incluido. Tres días después del inicio del contrato, el 5 de mayo, Olimpo Seguridad envió una factura cobrando el monto pactado, pero un mes más tarde, el 10 de junio, cuando ya había pasado la primera vuelta y los servicios habían terminado, Olimpo Seguridad le envió a la campaña Petro una nota crédito con la devolución parcial de dicha factura. El reembolso fue por 38,6 millones de pesos. Es decir, por la mitad del valor del contrato”, señaló el informe que publicó la revista Cambio.

El informe de la firma auditora dice textualmente:
“Con la factura No A587 de mayo 5 de 2022, se hizo el respectivo cobro por el valor pactado, no obstante, el 10 de junio de 2002 se recibe la nota crédito No. NCE-148 por $38.650.425, motivo ‘Devolución Parcial de la Factura A587’. Al respecto de la operación observamos lo siguiente: la nota crédito en mención fue recibida en fecha posterior al cierre de la campaña del 29 de mayo de 2022. La nota crédito, no se encuentra registrada en el aplicativo de Cuentas Claras haciendo parte del comprobante de egreso No 194 con el cual se originó el asiento contable”.

Esa diferencia de 38,4 millones, pequeña en los grandes números, significó mantenerse dentro de los topes según el informe de auditoría: “Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en Resolución 694 de 2022 del CNE (…) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones, sustentadas y motivadas de la reversión de dicha factura”.

MÁS INVESTIGACIONES

De igual forma, por esos mismos días se reveló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un expediente a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. El proceso, relacionado con el supuesto manejo irregular de dineros en efectivo en primera y en segunda vuelta, también salpicaba a Ricardo Roa, en este caso acompañado de Jonathan Ramírez Nieves, nombrado como secretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y quien fuera abogado de la campaña.

La apertura de indagación preliminar que abrió el CNE la hizo tras una queja anónima recibida el 2 de febrero que alertó por el supuesto manejo anómalo de dineros en efectivo.

Según la denuncia, conocida ampliamente por la opinión pública, se trataría de donaciones que no fueron reportadas y que se utilizaron en cuentas personales.

De acuerdo con la queja radicada en el CNE, Roa y Ramírez “incumplieron la ley al no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña y manejaron dineros en cuentas personales, utilizándolos de forma indebida en una cuenta diferente a la autorizada (…) el Pacto no ha presentado informes y soportes, incumpliendo la ley y encubriendo a esta partida de corruptos”.

Según la revista Cambio, si bien en el auto no se especifican los montos de las donaciones y se precisa que ‘no se adjuntaron pruebas’, el magistrado Benjamín Ortiz –quien llegó al CNE con respaldo del Partido Liberal y con el guiño del registrador Alexander Vega– ordenó abrir el proceso para determinar anomalías en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos.

Otro asunto que llamó la atención, también divulgado por la revista Cambio, tiene que ver con el pago que recibieron dos contratistas del Área Metropolitana de Bucaramanga, que habrían recibido pagos de la campaña de Petro antes de haberse registrado en la Cámara de Comercio, es decir, antes de existir legalmente.

El informe de Daniel Coronel asegura que trata de Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño. “La cuenta expedida por la señora Velásquez suma 110 millones de pesos. El documento no es una factura electrónica y tiene fecha del 18 de abril de 2022. Curiosamente la señora Velásquez expidió la factura dos días antes de haberse registrado como empresa unipersonal ante la Cámara de Comercio”, explicó.

La auditoría glosó así el informe: “Se encontró que la matrícula mercantil presenta fecha abril 20 y la factura es del 18 de abril 2022, es decir, la factura se expidió con anterioridad al registro de la empresa ante Cámara de Comercio de Piedecuesta. Adicionalmente, la factura no es electrónica”.

Lo mismo ocurrió con el señor Diego Fernando Londoño, quien expidió facturas por 328 millones de pesos. Entre esas facturas se encuentran dos que suman 163 millones y fueron expedidas entre el 18 y 19 de abril, días antes de que su empresa fuera inscrita ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Al igual que en el caso de Mónica Slendy Velásquez, las facturas no eran electrónicas y las dos empresas fueron registradas el 20 de abril de 2022. Londoño le expidió a la campaña una tercera factura por 155 millones de pesos sin discriminar el IVA, lo cual es una obligación en cobros superiores a los 133 millones de pesos.

“La matrícula mercantil tiene fecha de inscripción el 20 de abril de 2022, sin embargo, el proveedor expidió tres facturas entre el 18 y 19 de abril, que suman $163.600.000, las cuales no son electrónicas, estando obligado. Posteriormente, el 26 de abril, el proveedor género otra factura por $165.000.000 sin discriminar el IVA, monto que supera los $133.014,000, cifra establecida por la DIAN para liquidar el IVA”.

Según lo reseñó la revista Cambio, el señor Diego Fernando Londoño, reveló que está casado con la beneficiaria de los otros pagos cuestionados, Mónica Slendy Velásquez, y la explicación que dio sobre la expedición de facturas anteriores a la existencia de las empresas, fue la siguiente: “Porque ellos (la campaña Petro) necesitaban generar los adelantos para nosotros hacer la producción, eran producciones grandes que tenían un alto costo y la única forma de que ellos pudieran generar los adelantos era con la facturación y pues después se presentó toda la documentación legal para que ellos la pudieran aportar en Cuentas Claras”.

Agregó que su comunicación para la prestación de sus servicios fue directa con Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial.

La auditoría encontró que las empresas no funcionaban en las direcciones registradas en los documentos y así lo corroboró la revista.

INCONGRUENCIAS HASTA EN LAS EXPLICACIONES

En conversación con la revista Cambio, Ricardo Roa afirmó que los costos y gastos reportados correspondientes a la consulta interpartidista y la primera vuelta ya habían sido reintegrados por el CNE. Respecto al contrato con Olimpo Seguridad para el servicio de escolta y a diferencia de lo dicho por el informe de auditoría, señaló que la posibilidad de violar los topes de la primera vuelta era “absolutamente inviable” porque los gastos reportados por la campaña estuvieron 276 millones por debajo del límite fijado por la ley.

Es decir, mientras Roa aseguró que la campaña gastó 28.259 millones de pesos, la firma auditora concluyó que habían sido 28.517 millones.

Pero esa no es la única diferencia entre la auditoría y la versión de Roa frente a la modificación del valor del servicio de escoltas, según el semanario. El gerente explicó que el contrato se modificó mediante otrosí el 11 de mayo de 2022 debido a que se “evidenció la posibilidad de reducir a la mitad la operativa del servicio de asesoría en seguridad pasando de 10 a 5 escoltas”. Sin embargo, la auditoría resalta que casi tres semanas después, para el 29 de mayo, día en que se llevó a cabo la primera vuelta, la nota crédito con la que se corrigió la diferencia de valores no había sido aportada al aplicativo Cuentas Claras. Roa indicó que contaba con comprobantes de egresos y documentos que reafirmaban su versión y que estaban en poder del CNE, pero no los compartió al medio de comunicación.

Sobre las facturas para impresos, emitidas antes de que las empresas fueran constituidas, Roa dijo que los empresarios (Diego Fernando Londoño y Mónica Slendy Velásquez) habían actuado como proveedores en un contrato que la campaña suscribió con el periódico regional Vanguardia. Sin embargo, Londoño dijo que él se había entendido directamente con el equipo de gerencia de la campaña Petro, incluyendo al propio gerente Roa y agregó que los pagos hechos a la pareja como personas naturales fueron en razón de un anticipo, sin embargo, después de la entrega de los impresos les fue solicitado generar las respectivas facturas electrónicas.

A raíz de este cruce de versiones y de la respuesta de Roa en la que mencionó al periódico de Bucaramanga, Vanguardia, la firma Galvis Ramírez, propietaria del diario bumangués, envió una carta al presidente de Cambio, Daniel Coronell, para aclarar que el periódico no tuvo ninguna relación con las dos empresas fantasma y, de paso, desmentir al gerente de la campaña del hoy presidente.

“De manera respetuosa agradezco a usted aclarar a la opinión pública que el señor Ricardo Roa Barragán faltó a la verdad cuando afirmó a la revista Cambio que los señores Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño ‘actuaron como proveedores dentro de un contrato que la campaña tuvo con el periódico Vanguardia de Bucaramanga’”, se lee en la comunicación.

Así las cosas, según lo reseñó la revista Cambio, se desmoronó la explicación de Roa y quedaron en entredicho las otras irregularidades encontradas por la auditoría después de que se conociera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar a la campaña de Gustavo Petro por supuestos manejos de dinero en efectivo a través de cuentas diferentes a las oficiales.

INFORME DE LA AGENCIA DE PERIODISMO INVESTIGATIVO

El reputado periodista Norbey Quevedo también se ocupó de algunas de las ‘movidas’ del hoy presidente de Ecopetrol, de quien dijo que ‘en su amplia trayectoria no ha estado ajeno a las polémicas en Colombia y en el exterior y sus cambios profesionales han generado controversia. En tan solo una década pasó de la izquierda a la derecha’.

De ser el hombre de confianza del entonces alcalde Gustavo Petro como gerente de TGI y luego de la Empresa de Energía de Bogotá pasó a ser la mano derecha en la Empresa de Energía de Honduras operada por el cuestionado empresario William Vélez Sierra, el zar del alumbrado público, propietario del Grupo Ethuss amigo y financiador de la campaña de Álvaro Uribe Vélez, dejando un torbellino a su paso.

El informe de Norbey Quevedo en el portal API dice lo siguiente: “Desde 2019, Roa Barragán se desempeñó como gerente de la Empresa de Energía de Honduras, EEH, de donde salió en una fuerte confrontación con ese gobierno, incluso anunció públicamente una demanda internacional en contra de Honduras por US$805 millones.

Regresó a Colombia y no tardó en ser nombrado como gerente nacional de la campaña de Gustavo Petro, así lo anunció en su momento el entonces candidato presidencial. «He designado a Ricardo Roa Barragán, exgerente de TGI y de la EEB en Bogotá Humana, como gerente nacional de mi campaña. Lucy Soto será la auditora nacional».

La historia reciente de Ricardo Roa Barragán se remonta a marzo de 2012 cuando la Junta Directiva de la Transportadora de Gas Internacional, TGI presidida por el entonces alcalde Gustavo Petro e integrada por Mónica de Greiff, Fernando Gómez, Carlos Fidel Simancas, Diego Bravo, Enrique Bascur y Carmenza Chahin lo designaron como presidente de dicha sociedad.

Y no se trataba de un cargo más. La Transportadora de Gas Internacional, TGI tiene una historia particular. Fue constituida mediante escritura pública en la notaria 11 de Bucaramanga en febrero de 2007 y nació como una empresa de servicios públicos con la característica de sociedad anónima.

Los accionistas que le dieron vida fueron la otrora Empresa de Energía de Bogotá con una participación mayoritaria, cuatro trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Cavipetrol, La Equidad Seguros Generales y de vida, Famissancels, Reinaldo Galvis Mendienta, Jorge Enrique Cote Velosa, Fabio Alexander Sánchez Díaz y Álvaro Hernàn Ruiz Macias, José Luis Ardila Cárdenas y trece personas naturales más.

Con un capital suscrito y pagado de $15.600 millones y tras modificar su objeto social se convirtió en una de las joyas de la corona de la ciudad, pues tiene la llave del gas natural para el centro y sur del país, y al ser transportadora no tiene los dolores de cabeza de productores o comercializadores que tienen una normatividad más compleja.

De esta manera, Roa Barragán fue nombrado como presidente por un período de dos años. Reiterando lo que informó la Junta Directiva tras su designación este martes. Es un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería de la Universidad Javeriana que cuenta con tres décadas de experiencia en el sector de servicios públicos domiciliarios, energía eléctrica, gas y combustible.

Destaca sus cargos como asesor de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas, director sectorial de Energía y Gas de Andesco, también fue catedrático de las universidades Nacional, Antonio Nariño y Externado de Colombia.

También entre sus pergaminos está el haber hecho parte de las juntas directivas de Emgesa, Codensa, Gas Natural, Rep Perú y Contugas, entre otras.

Pero al terminar su período en TGI, Roa Barragán cayó de pie, pues pasó a reemplazar a su jefe, Sandra Fonseca quien se desempeñaba como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá. Ahí Roa tuvo que salir a dar sus primeras explicaciones.

Por los lados del entonces Partido de Integración Ciudadana, PIN, que luego se convertiría en Opción Ciudadana se aseguró que los otrora congresistas santandereanos Oscar José Reyes, Alfonso Riaño y Luis Alberto Gil, ex militantes del M-19 que terminaron con vínculos con paramilitares fueron señalados de haber movido sus hilos desde la cárcel, para que fuera nombrado en TGI y luego en la EEB.

El supuesto vaso comunicante que se endilgó fue una aparente amistad cuando Oscar Reyes se desempeñó como congresista de Santander y Roa como gerente de la antigua Empresa Electrificadora de Santander, ESSA.

En su momento la prensa local inició las averiguaciones del caso pero estas se fueron desdibujando con el tiempo hasta el 2014 cuando salió a desmentirlas. «No tengo vinculaciones, no las he tenido jamás en mi vida profesional con partido político o movimiento político algún» aseguró en su momento a Caracol Radio.

Un año después, la Contraloría de Bogotá le remitió un informe final de visita de control fiscal de las vigencias 2012, 2013 y 2014. En está dejó un plan de mejoramiento y una advertencia.

Determinó que contrario al artículo 335 de la constitución la Empresa de Energía de Bogotá entregó a título de donación $1.238 millones a la Fundación Grupo de Energía. Así mismo señaló una serie de contratos los cuales según el organismo de control fiscal local debían ser objeto de revisión detallada en una auditoría de desempeño.

A través de los medios de comunicación, en enero de 2016, Roa Barragán se enteró que había sido destituido de su cargo y en su reemplazo fue nombrada Astrid Álvarez.

No se volvieron a tener noticias de él hasta el año 2019 cuando William Vélez lo nombró su escudero en Honduras como gerente de la Empresa de Energía de ese país.

Precisamente, Vélez es un ingeniero eléctrico oriundo de San Pedro, Antioquia próximo a cumplir 80 años de edad que con el paso de los años pasó de vendedor de repuestos a empresario internacional. Hoy es considerado como uno de los hombres mas adinerados del país, con un grupo empresarial que ya manejan varios de sus familiares.

Vélez fue uno de los primeros que creyó en el proyecto político de Álvaro Uribe, primero para la Gobernación de Antioquia y posteriormente en momentos en que marcaba el recordado 3% en las encuestas presidenciales.

De hecho financió parte de su proyecto casi en la sombra, como lo reconoció en su momento Fabio Echeverry, y tras la elección de Uribe en el año 2002, se le señala de un crecimiento inusitado mediante la adjudicación de contratos públicos.

A través del Grupo Empresarial Ethuss, el empresario se apoderó de negocios, como la prestación del servicio de aseo con Interaseo y especialmente del alumbrado público, en varias ciudades del país y también en megacontratos como la ampliación del Aeropuerto El Dorado, la doble calzada Bogotá-Girardot e incluso Hidroituango. Un éxito empresarial que permitió ampliar su radar a nivel internacional en concesiones de varios países centroamericanos.

Sin embargo, Vélez ha sido objeto de señalamientos de presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En concreto, por Jorge 40, Edgar Antonio Fierro Florez, alias El Canoso, alias Don Antonio, Salvatore Mancuso, el Alemán, y Monoleche, estos tres últimos, quienes en una grabación conocida hace unos años sugirieron un testaferrato de Vélez en favor de Uribe. Todos asuntos no investigados en profundidad por la justicia y de los cuales el empresario ha salido incólume.

En el plano político Vélez, también tiene cuestionamientos. Primero por su apoyo al Congreso a la uribista purasangre, la excongresista Liliana Rendón y posteriormente por mensajes que se conocieron en favor de la campaña política del condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

Al respecto, Petro señaló en un trino al referirse el año anterior a William Vélez Sierra, «Bogotá aún ignora que quien le construirá su débil metro elevado es William Vélez. Este es William Vélez, socio en Hidroituango, sobornador de funcionarios en Guatemala y acusado de testaferro por los paramilitares. El contratista preferido de Uribe».

Luego, el pasado 12 de diciembre de 2020, el entonces senador Petro indicó en otro mensaje en la referida red social, «William Vélez es socio con los chinos en la construcción del metro de Bogotá. Es el zar del aseo y la electricidad en Colombia junto con Alberto Ríos y ha sido acusado de lavar dineros de los paramilitares. Es el contratista preferido de Uribe».

Y es que el consorcio que Vélez encabeza denominado Empresa de Energía Honduras, integrada por Eléctrica de Medellín Ingeniería y Servicios SA y Unión Eléctrica S.A, Entreprise Consulting SA, suscribió un contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, “en una alianza público privada con el propósito de lograr la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de un 17% y la disminución de la mora que ascendía al 19.5%”, señala en un contrato conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.

El plazo de la concesión, firmada el 14 de diciembre de 2015, era de siete años y con una inversión de 358.000 millones de lempiras, esto equivalente a US$1.457 millones. Una obra que inició en agosto de 2016 y se empezó a ejecutar en septiembre de 2017.

No obstante, en julio del año pasado, la Superintendencia de Alianzas Público Privadas de Honduras, Sapp, anunció mediante una serie de comunicados los presuntos incumplimientos que derivaron en medidas de choque y la posterior intervención del contrato firmado entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE y la Empresa de Energía de Honduras, del empresario colombiano William Vélez Sierra.

Los señalamientos que empezaron meses atrás se concentran en el contrato de concesión para la reducción de pérdidas de energía y bajas inversiones y por presuntos cobros adulterados a los usuarios. Los políticos hondureños se fueron lanza en ristre en contra de Vélez y de su gerente, Ricardo Roa Barragán, el hoy designado presidente de Ecopetrol”.

LÍOS EN LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

Un perfil que le hizo La Silla Vacía a Ricardo Roa recuerda antecedentes en cargos importantes del presidente de Ecopetrol

DE acuerdo con esta informe, Roa inició su carrera profesional, en 1998, como director de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos. En ese cargo tuvo contacto con funcionarios del ministerio, comisiones de regulación y en general el Estado.

Luego tuvo un impulso importante gracias a sus relaciones políticas: en 2003 fue nombrado gerente de comercialización de la Electrificadora de Santander, un fortín burocrático, por el exsenador conservador José Vicente Villamizar, quien era el gerente general.

Después en 2007 y en medio de acusaciones a Villamizar de usar la empresa para impulsar la campaña del polémico Didier Tavera a la gobernación, el conservador renunció. Lo reemplazó Roa.

Según le contó a La Silla Vacía una fuente que vivió el proceso directamente, lo impulsó el senador Óscar Reyes, elegido en 2006 por Convergencia (Y condenado en 2012 por parapolítica) , quien maniobró ante el gobierno Uribe para eso.

En su momento Roa no dio explicaciones sobre estos vínculos.

Más adelante negó cualquier relación con Reyes o cualquier otro político. “Yo no soy cuota ni he tenido nexos con ningún partido político”, dijo a El Espectador.

“Aparezco en una foto vieja con él, porque me tomé muchas fotos cuando era gerente comercial de la electrificadora”, le explicó a El Tiempo.

Roa gerenció la electrificadora hasta que, en 2009, EPM compró la mayoría accionaria y lo sacó. El nuevo gerente, Carlos Gómez, lideró un plan para despolitizar la compañía, como lo reconocen en Santander.

¿ROA Y DAY VÁSQUEZ?

Pero los señalamientos al actual presidente de Ecopetrol no terminan allí, e, incluso, uno de los que más fuerza ha cobrado en los últimos días tiene con las donaciones que se hicieron en la campaña presidencial y que supuestamente no fueron reportados.

El canal Caracol, en un informe sobre las investigaciones que el CNE adelanta por este caso, y que se encuentran en etapa de indagación preliminar, se está contemplando la posibilidad de incluir las denuncias que hizo la expareja sentimental de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano.

Lo anterior quiere decir que ese ente iniciará una revisión de todos los reportes, libros de contabilidad y los documentos sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Según Caracol, Benjamín Ortiz, magistrado del CNE, es quien está adelantando este proceso en su despacho. Él determinó solicitar material probatorio basándose en una denuncia anónima que se radicó a través de un correo electrónico.

En esa comunicación, la fuente anónima señaló que, como lo reveló la revista Cambio, que presuntamente, el abogado Jonathan Ramírez y Ricardo Roa, exgerente de la campaña, no habrían reportado donaciones que, según el denunciante, se recibieron en efectivo en la sede del Pacto Histórico.

“El magistrado Ortiz recalcó que analiza si incluye en el expediente la declaración de Day Vásquez, excompañera sentimental del diputado Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro. Precisamente, ella aseguró que dineros ilícitos entraron a la campaña del hoy jefe de Estado”, señala el informe del canal Caracol.

Roa llega al cargo público más apetecido en Colombia, no solo con el reto de manejar la empresa más rentable del país y la política petrolera colombiana, sino también de salir ileso de las investigaciones por presuntas violaciones en los topes financieros de la campaña y por presuntos ingresos de dineros de dudosa procedencia por parte de personajes oscuros, denunciados por la expareja sentimental de Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República. La revista La Injusticia le hará seguimiento cercano a estos proceso, que son de amplio interés nacional.