Magistrada María del Rosario González de Lemos, ponente del juicio contra Javier Cáceres Leal.
Lo que voy a narrar aquí resultará inimaginable para muchos ciudadanos. Para quienes conocemos cómo han funcionado los procesos de parapolítica en la sala penal de la Corte no nos extraña la actitud al margen de las leyes de Colombia y de los derechos humanos de estos honorables magistrados.
Y no somos unos pocos los que conocemos este protervo, doloso accionar. Son muchos los colombianos e incluso extranjeros que saben de esta situación contra la humanidad, amparados en que el pueblo y los medios son convencidos que los polí- ticos son una lacra y que lo que le pase a un político es bien merecido, por cierto no solo en Colombia existe esta creencia, es casi universal. Pero algún día una o unas almas buenas, imparciales y que ansíen la verdad desnudarán todas estas triquiñuelas de estos jueces en contra de la verdad y de la justicia.
A mí me toco de magistrada ponente de mi caso la doctora María del Rosario González de Lemos. Como apareció en mi proceso de ponente no lo adivino, era otro pero son lo máximo y se dice que quien pude en lo mucho puede en lo poco.
Hemos venido mostrando a nuestros fieles lectores como abundan en mi proceso todas las violaciones a mis derechos y a la ley. Que el interés de mi ponente era condenarme, con sus mentiras, con sus testigos falsos, presionados algunos. Trabajo sucio que le encomiendan a los magistrados auxiliares y al CTI, que como lo denuncié en la revista LA INJUSTICIA era seleccionado y escogido por el auxiliar Iván Velásquez, quien además los botaba o los premiaba depende de cómo le funcionaran.
En este escrito vamos a mostrar con las pruebas la absurda incongruencia que fue capaz de hacer mi ponente y sus honorables compañeros en contra de toda lógica jurídica y probatoria.
En julio del 2005 fui invitado a Soledad, Atlántico, por unos veedores y dirigentes ciudadanos: Rafael Palmera, Buanerge Montero, Javier Bula, entre otros. La administración quería acabar con los ‘carro muleros’, ciudadanos humildes pero honestos que se ganaban la vida recogiendo la basura de las casas, y ahora venía un monstruo a privatizar este servicio. Era un llamado, no al Senador Cáceres, era un llamado a mi corazón, a mi origen. Eran mis vacaciones, pero nada me impedía asistir y en el periódico El Heraldo está el testimonio los días 9 y 11 de julio del año 2005 de ese foro que terminó siendo de denuncias contra la corrupción de la administración, como era normal en cualquier presencia pública del senador Cáceres. Una de las más fuertes fue contra la salud y la solicitud final de los asistentes fue un control excepcional y general al municipio de Soledad. Presenté a la Comisión Tercera del Senado la solicitud de control excepcional cuya aprobación fue ampliamente divulgada por la prensa nacional y local. En El Heraldo fue titular de primera página el 19 de octubre del 2005.
El país y las autoridades volcaron sus ojos a Soledad, los funcionarios correctos del hospital materno infantil sacaron unos volantes que decían: “viene el chuzo pa los corruptos”. Estalló todo lo que el país conoce. El control del hospital estaba en manos de las AUC. Se robaban esos recursos.
De todos los implicados estaba en el se- ñor Manuel Peña Infante, el contratista todero y que resultó culpable de la corrupción de los contratos en el materno infantil. Este ciudadano en busca de beneficios judiciales declaró contra varios senadores (la Fiscalía no aceptó su colaboración). Del senador Cáceres Leal decía que el señor papá (fallecido) de alias Gonzalo, quien trabajaba en el hospital materno infantil de Soledad, le pidió que votara por Javier Cáceres Leal. Él zonificó supuestamente a las personas en el puesto de Salamanca.
Los funcionarios del CTI aportaron los registros de zonificación de ese puesto de votación en febrero 9 del 2011, cuaderno 8, folio 8, a partir de esto se conocían los nombres, cédulas de ciudadanía y dirección de todos los ciudadanos zonificados en ese puesto para votar. Esos mismos funcionarios del CTI presentaron un informe con los nombres de ocho personas totalmente identificadas que eran, según el testigo, las que él había zonificado y habrían votado por el senador Cáceres (informe CTI 068 16 de marzo del 2011, cuaderno 8, folio 202).
El país sabe que uno de los más celosos de que no se cometan fraudes electorales ha sido el senador Cáceres Leal. Por los menos cuatro o cinco debates denunciando la corrupción electoral, así lo demuestra. Eso me permitió aprender bien el sistema electoral colombiano. Frente a esta acusación solicitamos a la honorable Sala Penal una prueba, con dos pasos de la siguiente manera: solicitar a la Registraduría Nacional si esas ocho personas habían votado en el 2006. Luego de obtener las respuestas de la Registraduría llamar a las personas que certificara este ente habían ejercido el derecho al voto y traerlos a la Sala para una declaración juramentada.
Explicamos que solo el documento llamado E11 puede mostrar quiénes votaron, pero ese ejercicio de votar no quiere decir que sea por determinado candidato. Nuestra ponente, la Magistrada María del Rosario González de Lemus nos aprobó como prueba la solicitud a la Registraduría si los ocho ciudadanos habían votado, pero negó el segundo paso, llamar a las personas que se certificara lo habían hecho. Su argumento fue que las personas que habían votado eran indeterminadas. Su argumento fue un ardid descarado. Las ocho personas que supuestamente habrían votado por el Senador Cáceres estaban totalmente señaladas e identificadas. Se pudo pedir que se llamaran a las ocho personas que señalaba el informe del CTI, pero en aras de la transparencia y la economía procesal se pidió primero constatar realmente quiénes votaron y una vez obtenida esa respuesta oficial llamar a quienes lo hubieran hecho. Era lo lógico y el paso dos de la prueba solicitada.
el Senador cáceres es el único que ha denunciado ante todas las autoridades colombianas que 593 votos sumados a su votación no le pertenecían.
En la audiencia pública celebrada en agosto 18 del 2011 se insistió en que no se sabría la verdad si las personas que determinara la Registraduría no eran llamadas a declaración juramentada, la prueba quedaba inconclusa. Con oficio DC-3217 del 29 de abril del 2011, la Registraduría Nacional certificó que de esas ocho personas solo habían votado cuatro personas. De esa sola respuesta se cayó el 50 por ciento de la prueba contra Cáceres Leal. Esta situación le mostraba a la honorable Sala Penal aún más la importancia de lo imprescindible que resultaba el paso dos de la prueba solicitada.
Con la palabra, “contra esta decisión no procede recurso alguno” tapó de manera espuria la ponente y la Sala esta bochornosa incongruencia. La verdad solo la tenían y tienen los cuatro ciudadanos determinados por el oficio de la Registraduría por haber asistido a las urnas. Luego ya en la etapa del juicio se reafirmó más que pesaba para conocer la realidad no haber desarrollado el segundo paso de la prueba solicitada. Primero el testigo por el único voto que podía responder y tener la certeza era por el suyo y pásmense, queridos lectores, que en la mesa donde le correspondió votar el Senador Cáceres no obtuvo un voto. También manifestó en el juicio que a él no le constaba si esas personas habían ido a votar porque él estaba haciendo lo suyo, pero que había dejado a un compadre encargado de buscar a los posibles electores, pero ese compadre no vivía ya en Colombia y el otro supuesto testigo, papá de alias Gonzalo, fallecido.
Muestra esto una vez más lo imprescindible del segundo paso de la prueba, incongruentemente negada por la Sala Penal de la Corte. Recordamos a nuestros queridos lectores que Cáceres Leal ha sido en la historia reciente de Colombia, el único Senador que ha denunciado ante todas las autoridades colombianas que 593 votos sumados a su votación no le pertenecían, que consideraba que la votación suya en el municipio de Córdoba Tetón, Bolívar, para él no superaría los 50 votos (ver edición 2 revista LA INJUSTICIA). Esta actitud diáfana, transpñarente que la Corte y el país conoce de Cáceres Leal también tenía que ser tenida en cuenta por la Sala.
¿A qué le tuvo miedo la Sala Penal para llamar a los cuatro ciudadanos señalados por la Registraduría como votantes de las elecciones del 2006? ¿Sabían que no habían votado por Cácales Leal?
Indeterminada la prueba para realizarla, pero determinada y determinante para condenar.
