Por AGUSTÍN LEAL
Colombia, que es la democracia más sólida de America Latina y una de sus mejores economías, jamás podrá calificarse como un Estado fallido. Entonces, qué es lo que ha fracasado en el País, que nos ha envuelto en una saga de rapiña y una guerra fratricida desde su fundación como Republica, hasta nuestros días. La respuesta es una sola: la justicia.
Pero de ninguna manera, entendiendo la justicia, solo como sinónimo del Poder Judicial, sino como ese elemento corrector del derecho, del poder del Estado, de su economía y de la misma sociedad. Podríamos decir sin temor a equívocos, que un Estado funciona bien si su justicia funciona bien. Pero toda nuestra historia patria, ha estado marcada por una disfunción en este preciado valor
Nuestra independencia, no surgió para a hacer justicia, sino para abolir las instituciones españolas que impedían que los criollos tuvieran el poder político y económico. Un ejemplo de ello, fue que durante la Patria Boba, una de las primeras instituciones españolas en ser suprimida, fue el resguardo indígena de propiedad colectiva, dividiendo sus tierras en pequeñísimas parcelas individuales, de tal forma que fueran económicamente inviables producirlas, para que los indígenas beneficiados con la reforma, no tuvieran otra alternativa que venderlas a los criollos revolucionarios, quienes luego de adquirirla a precio de chicha, empleaban a sus antiguos propietarios como peones.
Luego, vino la lucha por el nuevo ordenamiento territorial de la Republica, que no fue otra cosa que, el poder criollo de las provincias en contra del poder criollo santafereño. Aunque nuestros historiadores se empeñen en llamarla la guerra del Centralismo contra el Federalismo. El resultado de todo esto, fue la dispersión de la unidad territorial de la Nación y su subsecuente consecuencia en la reconquista española. Esta dispersión en el modelo del territorio, permanece hasta nuestros días, gracias a la Carta Política del 91 que, en materia de ordenamiento territorial, admitió todas las formas posibles: Departamentos, Provincias, Unidades de Planificación Económica y Administrativas, etc.
Conquistada la independencia absoluta de España, comienzan las guerras intestinas partidistas que destrozaron a nuestros próceres y desmembraron la Nación. La violencia partidista fue el común denominador de la historia colombiana hasta la primera mitad del siglo XX, cuando nace otra forma de violencia, con tintes de reivindicación social, en principio, hasta desembocar en la violencia narcoterrorista de nuestros días.
A diferencia de la revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde desde su génesis hubo consenso en la clase de estado e instituciones que se querían. Donde el Common Law nunca estuvo en discusión, sino la forma y el grado de las libertades y el correcto balance entre los poderes del Estado y su estructura misma. En Colombia, los intereses políticos y económicos de nuestros próceres, destruyeron las instituciones civiles y penales españolas con más de 200 años de arraigo, para crear un vacío legal, llenado por decretos del gobernante de turno y su camarilla de secuaces, sin otros intereses, distinto a los personales y partidistas.
El disenso en torno al sistema de justicia a aplicar en la incipiente Republica, consistió en la discusión del modelo a adoptar. Unos propugnaban por el francés, otros por el norteamericano; e incluso, el inglés, impulsado por el Libertador, Simón Bolívar. Nuestros próceres querían cualquier sistema de justicia, menos el español.
Jeremy Waldrom, profesor de Oxford, nos ha enseñado, que la naturaleza de la justicia es el consenso; mientras que, la de la política es el disenso.
Es decir, cuando se obtiene un consenso sobre un sistema jurídico, como el caso del Common Law en los Estados Unidos, donde nunca estuvo en discusión ni ha estado, hasta el día de hoy. La justicia sale de la esfera política y se torna en un bien ciudadano intangible. Más aún, en Norteamérica, esta solidez de su sistema, ha permitido que la Suprema Corte, funja como árbitro político, retirando del ordenamiento jurídico, aquellas normas producidas por organismos políticos, que atentan, en su parecer, con el sistema de justicia establecido.
Mientras tanto, nosotros, en materia de derecho penal, para poner solo ese ejemplo, hemos venido dando tumbos desde nuestros inicios republicados. Hemos pasado por todos los sistemas penales conocidos en el mundo, hasta aterrizar en el funcionalismo alemán con el Código de 1980, y seguir con el amasijo entre el sistema acusatorio norteamericano y el mixto alemán, con las reformas posteriores.
Estos desacuerdos en la elección del sistema penal que mejor se adapte a nuestras circunstancias económicas y socioculturales, ha dejado en manos de la politiquería la política criminal del Estado. En la actualidad, la mayor crisis de nuestra historia, la estamos viviendo en el derecho penal y su forma de adjudicarlo.
Sin consenso no hay justicia, es tan axiomática esta verdad, que el gobierno Santos, entendiendo la necesidad de legitimar el Acuerdo de Paz a suscribir con las FARC, lo sometió a un plebiscito. Los resultados lo conocemos todos. A la decisión de las mayorías que lo negaron, la sometieron a los designios de la política en el Congreso de la Republica que, con una simple proposición, borró de un tajo la voluntad popular.
En materia de justicia, somos un Estado en formación. Por ello, creemos que, desde hace mucho tiempo, vivimos en el tiempo de la política. Hasta la misma Corte Constitucional, que es el órgano rector constitucional y protector de la pluralidad del Estado, ha caído en ese juego, hasta el punto que, anuncia sus fallos, cuelga un resumen del mismo en su página web, y espera que la política reaccione para proferir la sentencia definitiva.
El tiempo de la política ha permitido vendettas judiciales, la justicia sin rostro, la impunidad de las FARC, el proceso 8000, la sonada parapolítica y la sorda farcpolitica.
Como no existe un consenso en la adjudicación del derecho, especialmente el penal, como no existe ese núcleo duro e intangible en la justicia, la política tiene todo el campo libre para negociar penas y beneficios a cambio de una paz abstracta y compleja–ahora rebautizada total.
Esperamos que al menos esta vez, en el gobierno Petro, la política nos permita decidir en el desacuerdo, para obtener el grado de justicia que queremos; y así, iniciar una nueva vida en los tiempos de la justicia.
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