TOMADO DE EL TIEMPO 17-ago-2013
En esta reveladora entrevista, el Fiscal General de la Nación confiesa que en Colombia el problema de los testimomnios falsos y amañados es alarmante. “Sí llama la atención que son los procesados en justicia y paz quienes más se dedican a hacer afirmaciones alejadas de la realidad, en aras de obtener beneficios jurídicos”.
Casi un año después de la creación de la Unidad de Falsos Testigos, de la Fiscalía, el jefe del ente acusador, Eduardo Montealegre, entrega un balance de las investigaciones y señala que en justicia y paz se han detectado los problemas más graves.
¿Qué tan serio es lo de los falsos testigos?
Es de una gravedad inusitada. Vulnera derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso o el buen nombre de las personas que terminan vinculadas injustamente a un proceso; desvía las investigaciones y desgasta la administración de justicia. Para acometer el ‘carrusel’ de testigos que yo mismo denuncié viene funcionando un grupo de fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a escuchar a todo aquel que considere que es víctima de afirmaciones falsas. Este grupo cuenta con 79 investigaciones asignadas y ya existen resultados importantes: en 5 de esos casos hay personas imputadas y otras, acusadas.
¿Cómo evitar que inocentes terminen presos por testigos mentirosos?
Es necesario que la investigación penal sea tomada en serio por jueces y fiscales. Debemos seguir un principio básico de argumentación: las afirmaciones dentro de un proceso deben ser cuidadosamente corroboradas y demostradas. A la administración de justicia le corresponde realizar una revisión minuciosa de las declaraciones que se realicen en un proceso, especialmente cuando se trata de conceder justicia premial. Hay que evitar en todo caso la arbitrariedad judicial. El funcionario debe argumentar sus decisiones de la mano de un discurso razonado, objetivo, verificable y, en la mayor medida, fundado en pruebas científicas y técnicas. Si hacemos esto, con toda seguridad vamos a dificultar la desviación de investigaciones a través de falsos testigos.
¿Qué tipo de intereses han detectado ustedes para que estas personas mientan?
Los intereses evidenciados son de diversa índole. Van desde rebajas de pena, la aplicación de mecanismos como el principio de oportunidad, asuntos personales, la venganza o la retaliación, hasta motivos económicos relacionados incluso con actividades extorsivas.
¿Esta situación se les podría atribuir a fallas del nuevo sistema penal?
No necesariamente. El delito de falso testimonio está penalizado hace mucho tiempo. Yo diría que gracias a la dinámica del nuevo sistema penal es como hemos podido denunciar el ‘carrusel’ de testigos y darnos cuenta de esta realidad que se viene registrando en el país.
¿No será que los investigadores se limitan a la prueba testimonial y no buscan más pruebas?
Uno de los problemas identificados en el trámite del proceso penal anterior, de tendencia inquisitiva, era precisamente el alto valor probatorio que tenía la prueba testimonial. El actual hace mucho más exigente el sistema de investigación y permite acudir a otros medios técnicos, que exigen la profesionalización de los funcionarios de policía judicial y la modernización tecnológica. Hemos enviado un mensaje muy claro a nuestros funcionarios: tenemos que ir más allá del testimonio como medio de prueba. Cuando lo utilicemos, es necesario que sean aplicadas con rigor las reglas de valoración de la dogmática penal. También es imprescindible la tecnificación y la interdisciplinariedad, según criterios que ofrezcan, por ejemplo, la psicología forense del testimonio, la medicina y la biología, entre muchos otros.
¿Hay organizaciones que se dedican a suministrar falsos testigos?
Hasta ahora no se ha determinado que exista una organización dedicada a estas actividades delictivas. Ahora bien, sí llama la atención que son los procesados en justicia y paz quienes más se dedican a hacer afirmaciones alejadas de la realidad, en aras de obtener beneficios jurídicos.
¿Qué se ha hecho en los casos detectados?
La identificación de estas situaciones ha conducido a que solicitemos la exclusión de varios de los acogidos a esa jurisdicción, porque faltar a la verdad es causal para perder el beneficio de pena alternativa.
Al oído
Señor Fiscal hay que investigar la fábrica de testigos, hay que investigar quién fabrica los testigos falsos, y los rumores son que los desmovilizados ya están extorsionando a las víctimas para reconocerlas como tal.
