Con flacos argumentos, en las últimas horas el gobierno, a través de su Ministro de Justicia Néstor Osuna y del propio Presidente de la República, Gustavo Petro, tratan de defender lo que algunos ya califican el mayor adefesio jurídico que se haya dado en la historia reciente del país, que se dio tras la expedición del Decreto 2114 del 7 de diciembre de este año 2023, sacado mientras los colombianos celebraban en familia prendiendo velitas.
Este mandato deroga el Decreto 1884 de 2018 que en su momento le dio facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico en espacios públicos, pues prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas algo que, al parecer, no le agradaba mucho al Presidente Petro, quien encontraba en esta norma un obstáculo para que él y su cirulo cercano pudieran tener acceso a las drogas alucinógenas que presuntamente consumiría, tal como se ha venido denunciando en diferentes escenarios públicos y círculos del poder.
Quiere decir esto que el Presidente no solo estaría arremetiendo contra la salud pública, los valores de las familias colombianas, fomentando el consumo masivo de sustancias alucinógenas, incentivando el microtráfico en todo el país, sino que el trasfondo de esa decisión estaría establecer una legislación por causa propia, una práctica propia de los regímenes autoritarios y dictatoriales.
Jurídicamente lo que estableció el gobierno Petro es, en palabras sencillas, que en adelante, cualquiera puede portar y consumir drogas alucinógenas en cualquier espacio privado o público y contra eso las autoridades policiales nada pueden hacer y en consecuencia si un agente de la Policía ve a un ciudadano consumiendo un tabaco de marihuana en un parque, una estación de bus, cerca de un colegio, en un centro comercial o hasta en una iglesia, no puede hacer absolutamente nada.
Y si se sospecha que hay alguien ejerciendo el microtráfico en un espacio comunitario, familiar, privado o público y a esa persona se le encuentran 20 gramos o menos de la sustancia (dosis mínima), no lo pueden detener ni la sustancia le podrá ser incautada.
¿LEGISLANDO EN CAUSA PROPIA?
Aparte de los evidentes daños a la salud, honra y valores de las familias colombianas, lo que algunos sectores han inferido de esta decisión repentina e inconsulta del Gobierno Petro, es que todo se debería a la necesidad del mandatario de tener a su disposición sustancias alucinógenas que él y su entorno cercano estarían consumiendo.
En adelante hasta su esquema de seguridad, que son agentes de seguridad del Estado, no podrán hacer nada ante un eventual consumo o porte de drogas por parte del Jede de Estado o su entorno cercano, ya que el nuevo ordenamiento jurídico se los prohíbe en aras de la supuesta libertad responsable de la gente.
Ya la Revista La Injusticia ha publicado varios artículos en los que se ha abordado el problema de las posibles adicciones de Petro, incluso antes de la controversial carta abierta que hace poco publicó la periodista María Jimena Duzán en la que le solicitaba al Jefe de Estado que le dijera al país si estaba enfermo de drogadicción.
Todas esas publicaciones con todo el fundamento, basado en las evidentes y recurrentes faltas a sus deberes como Presidente, a sus ausencias injustificadas y hasta en testimonios de personas que son o han sido cercanas a Petro sobre sus presuntas adicciones, tal como lo insinuó en su momento el exembajador Armando Benedetti en audios de conversaciones con Laura Sarabia, filtrados a la revista Semana.
LAS INCOHERENCIAS DE ESTE GOBIERNO
Resulta extraño que el autodenominado “Gobierno de la Vida”, expida un Decreto, en cuya justificación señala que apunta hacia un nuevo paradigma contra las drogas “centrado en el cuidado de la vida, con énfasis en la transformación territorial y protección ambiental y salud pública, la prevención del consumo y reducción de riesgos y daños, la generalización de una regulación justa, responsable, la seguridad humana y paz total, así como el liderazgo internacional, la justicia social y la transformación cultural”.
Es contradictorio cuando le quita a la Policía la posibilidad de frenar el porte y consumo indiscriminado de una sustancia ilegal, alucinógena, perversa, que la ciencia ha probado que causa daños irreversibles en el cerebro de las personas, que incentiva la creación de bandas de crimen organizado, matanzas, ajustes de cuentas. De vida poco, más bien de muerte.
El Ministro Osuna, entrevistado por el noticiero de Caracol Televisión lució desesperado y ofensivo, cuando la periodista le dijo que ella prefería que su hija no tuviera que presenciar el feo espectáculo de alguien consumiendo drogas en el lugar donde ella (la niña) trataba de divertirse y vivir su infancia a plenitud.
Osuna la invitó a que le explicara a la niña que ella podía consumir la droga responsablemente, preferiblemente en su casa, otra salida descarnada que llena de impotencia a las familias del país, que asisten una y otra vez a cada exabrupto del gobierno y sus Ministros.
Los colombianos se preguntan: ¿qué será lo siguiente? Ya desde muchos sectores políticos y ciudadanos se han levantado voces que predicen un inminente aumento en el consumo de marihuana y otras sustancias alucinógenas y el consecuente incremento del microtráfico, que es el mayor generador de muertes violentas en el territorio nacional.
¿En su intimidad podrá Petro dimensionar que manejar su interés particular a través de normas que afectan a toda la ciudadanía de un país es un acto como mínimo irresponsable y temerario?
Seguimos informando sobre las aberraciones del poder, procedan de donde procedan. Consideramos que este Decreto es violatorio de la ley, pero sobre todo es violatorio de la tranquilidad, la vida, la moral y los valores de los colombianos.
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Fuera petro fuera