Gustavo Petro, ¿el emperadorcito?

Una publicación del periodista Gonzalo Guillén publicado en su portal la Nueva Prensa, originó un verdadero sisma en las altas esferas del poder nacional, al punto de que hoy muchos ponen en duda el talante democrático del Presidente de la República Gustavo Petro, quien desde que se hizo público el informe ha sostenido un rifi rafe mediático con el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, poniendo en entredicho su autonomía como uno de los actores más importantes en la instancia del poder judicial, apartado legal y constitucionalmente del Ejecutivo.

Hasta esta semana las dudas sobre el acatamiento del mandatario a las normas democráticas que rigen al país desde su constitución en República hace más 200 años, eran escuetas y muchas veces guiadas tan solo por la intuición de analistas que, basados en sus discursos y formas, concluían que aquello podría no ser tan cierto.

Sin embargo el propio Petro desde su campaña y aun siendo Presidente en ejercicio ha reiterado una y otra vez su apego a la democracia, a las normas vigentes y a los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional de 1991, dejando de lado la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, disolver el Congreso o tomar medidas de ese talante dictatorial.

Pero los fantasmas de las formas inquisitoriales de gobernar de Petro se reavivaron el pasado 1 de mayo, en el llamado ‘balconazo’, instituido desde sus años como Alcalde de Bogotá, haciendo amplias convocatorias populares en la plaza pública, al mejor estilo de los nefastos Hugo Chávez, Fidel Castro o Nicolás Maduro, por nombrar unos pocos.

En esa intervención dejó entrever que sus reformas eran tan necesarias que, de ser menester, el ‘pueblo’ tendría que salir a las calles a defenderlas, aunque no se precisa a qué pueblo llama, cuando las encuestas poco a poco van mostrando más el lento declive de su popularidad.

El Presidente Petro desde ese mismo día inició un recorrido por Europa, que no le ha impedido abandonar su implacable juicio de Twitter, red social de la cual es usuario furibundo y mediante la cual a destajos va desgranando sus formas de gobernar y sus opiniones personales sobre los asuntos más fundamentales del Estado que preside.

Justamente en ese frenético afán de dictar sentencias por Twitter, Petro se enfrascó en un tosco enfrentamiento con el fiscal Francisco Barbosa a raíz de la publicación de Guillén que, palabras más, palabras menos, señala a un fiscal de ser cómplice por omisión de una serie de homicidios perpetrados por el Clan del Golfo en la región Caribe de Colombia.

Petro no solo retuiteó la publicación sino que instó al Fiscal General a dar explicaciones sobre el caso y a adelantar una investigación contra el fiscal delegado presuntamente involucrado en los graves hechos denunciados por el periodista Guillén.

No pasaron muchas horas para que el Fiscal saliera en defensa de su funcionario y a señalar al Presidente Petro de poner en peligro la vida del fiscal Daniel Hernández (señalado en estos hechos).

De ahí en adelante trinos uno tras otro de Petro pidiéndole al Fiscal que investigue las supuestas muertes informadas con anterioridad, hasta que en una declaración a la prensa que cubre su visita a Europa le dijo al Fiscal que como él (Petro) es el Jefe de Estado es también su jefe (del Fiscal).

Esta afirmación, que podría deberse a una anecdótica falta de información del mandatario, levantó un enorme revuelo nacional y sacudió la confianza en los propios cimientos de las instituciones que se vieron amenazadas por la posibilidad real de que el Presidente esté convencido de que su majestad incluye a todas las ramas del poder público incluyendo la rama judicial.

En Colombia, el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna que envía el Presidente de la República, pero, en la práctica no tiene un superior jerárquico, ya que, como lo aclaró la propia corte, este funcionario funge como cualquier otro Magistrado de las altas cortes y su juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes t no el Presidente de la República.

De hecho, si de verdad Petro fuera su jefe legalmente podría removerlo de su cargo con una simple declaratoria de insubsistencia, cosa que a todas luces no es legal y que para poder llevarse a cabo, tendría que darse una profunda reforma no solo constitucional sino apartarse del modelo de Estado de Derecho que define claramente la división de poderes en Colombia.

La posición de Petro frente a este episodio ha originado toda clase de dudas en una sociedad que en el último mes ha asistido a una durísima radicalización de las posturas presidenciales, acabando con la coalición política que había logrado en el Congreso debido a los cuestionamientos de su Reforma a la Salud.

Luego el remezón ministerial que dejó sin representación a los partidos más tradicionales como el Liberal, Conservador y la U, que han optado por declararse en independencia de un gobierno con el cual en principio habían formado bancada.

¿El futuro? Hay que seguir de cerca los acontecimientos, porque el Plan Nacional de Desarrollo sufrió recortes de fondo en el seno del Congreso y el futuro de las otras reformas, empezando por la de la Salud que pretende acabar con las EPS como pilar fundamental, nadie lo sabe a ciencia cierta.