La Unión Internacional de Parlamentarios sabe que en Colombia se están condenando congresistas, violando el debido proceso, el Derecho Internacional y los Pactos Suscritos por el Estado Colombiano, principalmente el de los Derechos Civiles y Políticos; por ello se ha pronunciado en varios casos advirtiendo esta injusticia. El caso de la senadora Piedad Zuccardi es otro de los procesos en que la UIP ha estado advirtiendo a las autoridades colombianas e internacionales sobre las violaciones del proceso de la senadora. Aquí publicamos algunos apartes de estos pronunciamientos:
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El Comité está al tanto del caso de la señora Zuccardi, ex miembro del Senado colombiano y autora de varios libros El Consejo Directivo de la UIP, en su 193ª reunión (Ginebra, 9 de octubre de 2013), adoptó una resolución por unanimidad. Esta resolución consideraba que, hasta la fecha, los procedimientos del Tribunal habían violado un gran número de derechos humanos y no se habían respetado las garantías legales.
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En especial, el Consejo Directivo consideró entre otras cosas que: La senadora, en cuanto que fue miembro del Parlamento de Colombia, está investigada y procesada en única instancia por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. En junio de 2012, el Procurador General de la Nación solicitó el sobreseimiento de la causa y la retirada de todos los cargos, basándose en dos circunstancias, una de las cuales era que no había ninguna evidencia razonable ni información a propósito de que la senadora hubiera estado implicada en ningún tipo de alianza con los grupos paramilitares.
“ Ha habido varios testigos que han puesto en duda la imparcialidad y los métodos de los investigadores. Estos testigos informaron de que se ejercieron presiones e intimidación sobre la Corte Suprema”
El tribunal que examinó la causa de la detención era el mismo que ordenó su arresto, concretamente la Corte Suprema de Justicia.
A la senadora se le había impedido apelar su detención o que una jurisdicción competente examinara la legalidad de su arresto, como prescribe de forma inequívoca la Convención Americana.
Ha habido varios testigos que han puesto en duda la imparcialidad y los métodos de los investigadores. Estos testigos informaron de que se ejercieron presiones e intimidación sobre la Corte Suprema, pero que este tribunal no invocó ninguna investigación al respecto.
La Corte Suprema ha autorizado —y lleva a efecto— la transferencia de pruebas y testimonios que no procedían de esta causa y los ha incluido en el presente sumario, pero no permite a la defensa el acceso a la lectura completa de ningún informe externo ni tampoco cuando la transferencia de pruebas es parcial.
Aunque la Corte Suprema decidió a principios de agosto de 2013 cerrar la fase de investigación de la causa, este mismo tribunal decidió posteriormente añadir nuevos materiales al sumario, especialmente la declaración de un antiguo alcalde, el señor Torres Serra, que incriminaba a la senadora. Por más que el señor Torres hubiera sido sentenciado, en octubre de 2012, a 35 meses de presión, tras ser declarado culpable de acusación de mala fe, precisamente por aquella declaración.
Los encargados de las investigaciones fueron acusados, especialmente por un testigo (el llamado NEVER), de haber ejercido presiones y haber aducido un falso testimonio ante la Procuraduría en el proceso contra la senadora Zuccardi de García. Al parecer, este testigo presentó una demanda ante la Procuraduría, pero la Corte Suprema se negó a incluir como prueba tanto la acusación como la documentación de las investigaciones efectuadas en la causa.
JAVIER CÁCERES LEAL
