En este país donde los jueces son responsables ante la Ley por sus providencias y en donde se condena a un ciudadano a 6 años de cárcel por hurtar un caldo de gallina; existen unos JUECES a los cuales no se les investiga por su fuero: a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
La Justicia tardía y la impunidad son los mayores problemas de cualquier aparato judicial; un Estado que no imparta justicia objetiva, rápida y veraz; está destinado a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él. Pero un Estado que aliente y patrocine la IMPUNIDAD es un Estado inviable; condenado a generar la desinstitucionalización y su auto aniquilamiento.
Estos dos gravísimos problemas se ven reflejados en mi causa penal y en especial, en las denuncias que he adelantado para exigir la verdad verdadera en mi proceso.
Al estar plenamente convencido que fui condenado injustamente y en contra de todas las pruebas existentes en el proceso penal adelantado por la Sala Penal de la Corte; procedí a DENUNCIAR ante el “Juez competente”, a los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según nuestro ordenamiento jurídico y en especial la Constitución Política y la Ley 5 de 1992 – Ley orgánica – dicho juez en primera instancia es la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DE ACUSACION.
Pero esta Comisión, y a pesar que ya estamos a punto de cumplir TRES AÑOS DE MI PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, y más de dos de mi sentencia. No ha actuado en atención a los principios elementales de un proceso penal.
La dilación en temas tan sensibles como la aceptación de apoderado, como la designación de funcionario instructor, después de un año de presentar la denuncia, la demora en llamar a ratificar la denuncia del denunciante; solo hacen constatar que nos encontramos ante un claro caso, no de JUSTICIA TARDÍA SINO DE IMPUNIDAD.
Es decir, en este país donde los jueces son responsables ante la Ley por sus providencias y en donde se condena a un ciudadano a 6 años de cárcel por hurtar un caldo de gallina; existen unos JUECES a los cuales no se les investiga por su fuero. A los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Este comportamiento antijurídico, desigual y desequilibrante de las cargas públicas y de la teoría de los contrapesos; es de los peores actos desestabilizadores del Estado. Un estado que por OMISIÓN O MIEDO, cree “remedo” de procedimiento penal a los jueces de la Corte, está llamado a ser SANCIONADO, por los sistemas internacionales del derecho.
La razón de la justicia y de la investigación de los delitos penales y su método de control social, se justifica en la medida que la misma justicia con su venda y con sus decisiones jurídicas objetivas, imparte seguridad jurídica y permite la convivencia. Pero en un caso tan descarado y aberrante de NEGACIÓN DE JUSTICIA, por no adelantar una investigación; además de anticipar la ABSOLUCIÓN por la apatía con que se actúa; destroza todos los pilares de la justicia.
Un órgano imparcial que incluso me convenza y convenza; con un juicioso análisis jurídico y con la aplicación de las reglas de la SANA CRITICA Y LAS LEYES DE LA LOGICA; de la inocencia y del actuar ajustado al derecho por parte de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; es lo que un Estado respetuoso y garantista del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA debe auspiciar.
Pero un Estado, que permita que exista órganos sin controles, sin juzgadores, que dilate sin justificación alguna la aplicación de justicia, debe ser CONDENADO POR LOS ORGANOS INTERNACIONALES y por sus ciudadanos.
Solo pedimos, desde esta prisión a la que injustamente fui recluido, que el Estado y en especial la Comisión de Investigación y de Acusación no construya PATENTES DE CORSO a tan altos DIGNATARIOS de la RAMA JUDICIAL, que cumpla su deber constitucional y legal, o que en su defecto, sean los ORGANOS INTERNACIONALES, los que la impartan justicia, ante la incapacidad del Estado de hacerlo.
El viejo adagio de que la “justicia es para los de ruana” tiene su mayor ejemplo en este caso, aunque aquí tendríamos que modificar el dicho por “LA IMPUNIDAD ES PARA LOS DE LA CORTE”.
Llamo a estos mismos magistrados, a que se sometan a sus investigadores, ya que estos no se atreven hacerlo, para que con acierto y juridicidad se investigue su conducta penal. Es de hombres honorables no ampararse en el miedo, de unos asustadizos investigadores.
Se puede pensar que rehuirle al expediente de Javier Cáceres es la mejor opción para los congresistas investigadores, tema caliente para muchos, complicado para otros, que por ser un asunto que involucra una causa justa, juzgada por los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contrariando la totalidad de principios que rigen el proceso penal, hará de la investigación un reto complicado, en la medida que es un proceso que cuentan con las condiciones jurídicas suficientes que permiten demostrar el atroz, indescriptible y más aberrante atropello de la justicia colombiana cometido contra una persona, que se defendió, y demostró en el desarrollo del proceso su inocencia.
Sin embargo no deja de preocupar la inoperancia de este importante órgano de la rama legislativa , que con plenos poderes otorgados por la constitución y la ley para investigar los altos dignatarios del país, vemos que hoy la caracteriza la falta de trámite, celeridad y ausencia de resultados en sus investigaciones que son de tipo político porque si hay causa penal se investigarán los mismos magistrados.
Esperamos que la papa caliente corresponda en turno a una persona con las suficiente integralidad, conocimiento y criterio para enfrentar a quienes tienen tras las rejas a más de un inocente debido a la intempestiva renuncia del representante investiogador, Hernán Penagos, hoy Presidente de la Cámara de Representantes. JCL
Hernán Penagos Giraldo, Presidente de la Cámara de Representantes. Renunció al caso por exceso de trabajo.
