Insólita eficiencia de la CIDH, órgano paquidérmico en lo que le compete

En una insólita actuación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, emitió el pasado 13 de febrero un comunicado oficial en el que instaba a la Corte Suprema de Justicia de Colombia a tomar una decisión pronta sobre la elección de la nueva persona que debe ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación.

Una comunicación interpretada como desatinada desde diversos ámbitos, donde se reconoce el sistema interamericano de derechos humano como un órgano competente justamente pare esos temas: los referidos con los derechos humanos, algo con lo que poco o nada tiene que ver la autonomía de la Corte Suprema de Justicia en la elección del Fiscal General de la Nación de Colombia.

Llama la atención que esta expresión de la CIDH se dé en medio de las protestas generalizadas de amplios sectores de la izquierda colombiana presionando para que se nombre nuevo Fiscal de la terna enviada por el Presidente de la República, altamente cuestionada por su cercanía con el Ministro de Defensa Iván Velásquez.

Lo que resulta más curioso es que en esta ocasión la CIDH haya sido tan eficiente en pronunciarse frente a un tema tan lejano a su propósito como es la elección de Fiscal en Colombia, y que por el contrario históricamente haya sido tan paquidérmica en los asuntos que realmente le competen dentro del ámbito jurisdiccional trasnacional.

¿La elección de Fiscal que tiene que ver con derechos humanos?

La CIDH fue creada dentro de los pactos que firmaron las naciones americanas y en su página oficial define claramente lo que es: La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

¿Con el comunicado en el que exigen la elección de Fiscal en Colombia de qué manera podría estar promoviendo o defendiendo los derechos humanos en un país, donde el asunto en cuestión no se ha dirimido y cuyo trámite transcurre dentro la legalidad y las leyes de ese país, en este caso Colombia?

Se sabe que al interior de ese organismo yacen procesos radicados desde hace más de 20 años que no han tenido el más mínimo avance, que están engavetados durmiendo el sueño de los justos y por cuyas presuntas víctimas la CIDH no ha hecho nada a lo largo de tanto tiempo.

Este organismo tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización, es decir puede resolver los asuntos que no se logran zanjar en los sistemas jurídicos autónomos de cada uno de los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos creada en 1969 que entró en vigor en 1978 y que hasta le fecha ha sido ratificada por 24 países entre ellos Colombia.

La CIDH recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos.

El organismo multilateral recoge la demanda y entra a dirimir el conflicto en estricto derecho y apegada a la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Pero en el caso de Colombia la CIDH ha tenido un actuar penoso, cansino, lento, paquidérmico en muchos de los casos denunciados, procesos de los que no se tiene noticia desde hace más de dos décadas, contrario a su actuar meteórico y eficaz para instar a la elección del nuevo Fiscal en Colombia.

En los despachos de la Comisión reposan decenas de denuncias por violación de derechos humanos en Colombia, en muchos casos por masacres, desapariciones forzosas, personas condenadas de manera injusta al amparo de una única instancia, como es el caso de muchos congresistas que en su momento fueron sentenciados a largas condenas por presuntamente tener vínculos con paramiliatares.

En decenas de casos que gozan de amplio acervo probatorio, la CIDH ha sido al menos negligente para resolver las demandas, sobre las cuales no se ha pronunciado ni en un sentido ni en otro y pasan los años uno tras otros y las partes interesadas que sienten que en Colombia le fueron violados sus derechos humanos siguen a la espera que este organismo tome alguna medida.

Actuando por fuera de su órbita de competencia

No cabe duda de que el asunto de la elección de Fiscal en Colombia no solo no está en el ámbito de competencia de la CIDH (no se está violentando ningún derecho humano ni hay fallos que pudieran considerarse injustos), por lo cual no se explica la manera presurosa como interfiere en un asunto interno de un país en el que se está obrando dentro del marco de las leyes.

La Corte Suprema de Justicia se apega a la ley cuando no elige Fiscal en el momento en que lo quiere el gobierno de turno o cualquier sector político o ideológico, porque en su normatividad existen unas reglas que se deben cumplir, como con las rondas de votaciones sobre la terna que envía el Presidente de la República.

Mal hace la CIDH presionando para que se realice una elección que está siguiendo un curso normal. ¿Será que la CIDH se reúne y toma decisiones solo cuando son del interés de una ideología? ¿Las múltiples demandas que tienen decenas de años en sus archivos habrán sido tema de estudio o no las mirado siquiera?

Todos los ciudadanos de los países que conforman la Organización de Estados Americanos tienen el derecho a realizarse estas y muchas otras preguntas sobre la actuación de un organismo que se muestra tan eficiente en unos temas (que no le competen) y tan paquidérmico y demorado en otros que sí son de su resorte y competencia.