Resulta de la mayor gravedad que una decisión de una alta corte provoque las injurias y calumnias de parte de otra en un choque de banalidades que entraña posibles actos delictivos contemplados en la legislación colombiana.
E l comunicado 09 del 21 de mayo de 2020 emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia será histórico y bien particular porque nos obliga y nos impone desaprender varias cosas que ya teníamos aprendidas hace mucho.
Sin duda, esas líneas de la Corte Suprema fueron escritas con rabia, soberbia y prepotencia jurídica, lo cual no exime el desatino histórico y el triste y desolador mensaje que recibe la comunidad nacional e internacional del comportamiento de los jueces en Colombia.
El mal ejemplo y la banalidad vienen de la cúspide de la pirámide judicial.
Que el delincuente descalifique y acuse a su juez, -y no lo denuncie- es proceder entendible y hasta, comprensible. Seguro sus fines son inmediatos y eminentemente procesales con ánimos de intimidar o amedrentar a quien lo juzga en su causa penal y, por esa vía innoble, obtener decisiones favorables a sus particulares intereses.
Pero, que un juez acuse de prevaricador a un par u homólogo suyo –sin denunciarlo formalmente ante la autoridad competente- de manera pública y dolosamente difundido comporta, sin rodeos, por lo menos un acto injurioso que, de acuerdo con la letra del código penal, no es cosa distinta a la actualización del tipo penal de calumnia, en tanto y en cuanto, se está atribuyendo un comportamiento delictivo al juez par víctima de la acusación frontal y pública.
Ello fue lo que hizo la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en tanto supo oficial el pronunciamiento de la Corte Constitucional que le ordenaba – en el marco de sus competencias rigurosas- iniciar el trámite de la segunda instancia en la sentencia condenatoria del ciudadano ANDRÉS FELIPE ARIAS proferida en el año 2014 por la Sala de Casación Penal (no por la sala plena), esta última se abrogó el comunicado por solidaridad de cuerpo –en respuesta a una acción de tutela interpuesta por aquel en contra de la negativa de la sala penal– irradiada a las otras salas de la Corte – en “adicionarle” al debido proceso del señor ARIAS la garantía de impugnar el fallo condenatorio emitido en su contra.
Ante tan “particular decisión” y “cambio intempestivo “ de la Honorable Corte Constitucional de su línea jurisprudencial del entero y antiguo agrado y gusto de la Suprema Corte de Justicia, la sala plena de esta última que ya venía haciéndole campaña negativa al previsible fallo de la Constitucional sobre el tema DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y DOBLE CONFORMIDAD, reaccionó rabiosa, soberbia y prepotentemente señalando públicamente a sus pares de la Honorable Corte Constitucional de PREVARICADORES.
Nada distinto se puede entender cuando de un juez de la república se dice que ha fallado desconociendo su plural precedente horizontal con el único ánimo y “ fin exclusivo de favorecer” a un extremo procesal.
Es tanto como decir y traduce a lo mismo, que la decisión judicial así calificada, está guiada por un interés malsano, protervo e ilícito distinto a los inmaculados dictados del derecho y de la justicia que deben inspirar todas las decisiones judiciales.
La imparcialidad de los jueces es una virtud y un derecho y cuando la imparcialidad queda en crisis el juez deja de ser virtuoso y lastima el derecho de alguien, en este caso, – tal parece- algún derecho tendrá la Suprema Corte lastimado que reclama y cuestiona rabiosamente a sus pares constitucionales.
Con razón se anticipa a comunicar enérgicamente que la sentencia que se le ordena someter – no a revocar ni archivar – al trámite de la segunda instancia o permitir su impugnación jurisdiccionales ue dictada “con riguroso respeto del derecho fundamental al debido proceso” y por tanto y conforme a ello, “no comparte” la “peligrosa decisión” mayoritaria de la Constitucional en el sentido ordenado que deja en “incertidumbre e inseguridad jurídica la jurisdicción ordinaria y la justicia penal” y no obstante todo lo anterior, “la acatarán” por muy prevaricadora, ilegal, peligrosa, arbitraria, peregrina y parcializada que sea, dicha determinación judicial pero, solo y solamente, por una sola razón: “salvaguardar y defender la institucionalidad del país”. Así quedo dicho en el comunicado en el que la sala plena – 23 magistrados – de un alto Tribunal de justicia descalifica a otro alto Tribunal de justicia constitucional en Colombia: “defender incondicionalmente la institucionalidad”. Aunque produzca hilaridad, ¡así está dicho y escrito!
Tan prevaricadora e ilegal entiende la Suprema Corte la decisión de la autoridad constitucional que, finalmente “salva” su “ responsabilidad” y le anuncia al mundo jurídico univesal que la “responsabilidad es de la Corte Constitucional “ por aquello n Magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán,Presidente de la Corte Suprema de Justicia n Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. n Magistrado Alberto Rojas Ríos,Presidente de la Corte Constitucional. que pueda pasar con el “estado de derecho” a secas – no se le agregó lo de social y democráticopor la emisión de “esa particular decisión” que entiende y sabe contraria a los supremos postulados del estado de derecho. En suma: ¡letra por letra prevaricadora!
¡Todo para desaprender lo aprendido!
La sala plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha advertido la comisión de un delito de prevaricato de La Corte Constitucional y está en el deber de denunciarlo, ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, so pena de incurrir en omisión de denuncia. Servidor público que omite ese deber incurre en conducta omisiva delictiva. Así lo tenemos aprendido elementalmente. ¿O toca desaprender eso? ¡La Corte Constitucional ha sido calumniada! ¿Sí o no? Entonces, es querellante legítimo para acudir ante el juez natural de la Corte Suprema y querellar y que se investigue el punible pública, ¡rabiosa y dolosamente cometido!
Debe la Corte Constitucional defender el honor y la honra de la corporación, de sus integrantes y de la majestad e institucionalidad de la justicia. Así, respetuosamente se lo depreco a los Honorables magistrados de la Corte Constitucional como ciudadano colombiano.
¡No puede guardar silencio, no puede callar, no puede otorgar! ¡Así esta aprendido! ¿O toca desaprenderlo también?
Que la vergüenza y la desventura de este comunicado jurisdiccional emsombrecido no llegue como mensaje válido a esta generación y a las futuras.
Me eriza la piel imaginar las “insospechadas consecuencias” para la sociedad toda.
8 comentarios
Pues me parece razonable la posición de la C. S. De J. Si se está atacando su fallo proferido por varios magistrados y fallado limpiamente sin vicios ni nulidades, y es muy claro el por q solo una instancia pues a este nivel hablamos de funcionarios con un alto grado de inteligencia con un conjunto de requisitos como doctorados y Magisters para ocupar cargos de alto nivel jerárquico es decir un personaje de este nivel sabe claramente lo que hace y nunca se asemeja a un individuo de clase baja o media que en algunos casos solo saben leer y escribir para estos si es dable la segunda instancia, por el grado inferior de sabiduría e inteligencia a tal grado que nunca podrían ocupar un cargo ejecutivo de alto nivel por que nunca reunirían los requisitos para su postulación, bajo este criterio es muy claro el por q solo existía una instancia en este tipo de juicios y revivir términos retroactivos es jugar con la seguridad jurídica y con la estabilidad del aparato judicial, pero es la oportunidad para que la C. S. de J. Deje claro su fallo y cierre la puerta trasera que se pretende abrir.
HOLA éso es mucho el billete que tuvo que desembolsar el matarife genocida de Uribe Vélez para comprar toda una corte, y es mucho el secreto y el Guardado que esta rata asquerosa de Arias le tiene al culibajito del matarife y por eso es esa robadera tan berraca ya que ese dinero no sale de sus bolsillos sino del erario público, y a esto lo único que lo salvará es un golpe de estado pero no del ejército que es otro foco de corrupción sino del pueblo.
Pobre país en manos de unos jueces de la Corte de las Supremas Injusticias, que emiten fallos políticos , arbitrarios y revanchistas, como el que profirieron contra el Dr. Arias, para vengarse del expresidente Uribe, que los llamó por su nombre: corruptos. Por algo la gente habla del cartel de la toga que vendía fallos a quinientos millones de pesos, por lo cual ya hay magistrados condenados e investigados. Si están tan seguros de que su fallo resiste un riguroso análisis jurídico, por qué se enfurecen, cuando la Corte Cistitucional ordena revisarla. Será que tienen rabo de paja y van a quedar en evidencia? Así será si lo hacen jueces honestos e imparciales, que no estén de alguna manera influenciados y contaminados por sus padrinos y vacas sagradas, que los escogieron como conjueces. Amanecerá y veremos.
El anterior escrito pertenece a Orando Díaz Tobon. Abogado con T. P#’11.699, en uso de buen retiro.
Es claro y evidente que la corte falllara en contra de la jisticoa que busca el Dr Arias ua que de antemano se esta pronunciando con su respuesta a la corte constitucional. Debe de recusar aestos magistrados que se han pronunciado para que sean conjueces quienes revisen el caso del Dr Arias buscando con esto imparcialidad en el estudio de segunda instancia, porque si pernanecen lps jueces que creo prevaricaron es evidente que se ratificaran su primer fallo y asi nunca habra verdadera justicia.
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