Los peligros del supuesto premio que la ONU le dio al mal llamado ‘investigador estrella’ de la parapolítica en Colombia, a quien mandaron a Guatemala a dirigir un órgano internacional para apoyar al Ministerio Público, la Policía y otras instituciones de ese país en investigaciones de cuerpos ilegales. Es decir mandaron al ratón a cuidar el queso.
Estoy convencido que los organismos de Justicia deben investigar y sancionar todo tipo de violación a la ley penal, especialmente aquellos crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Ese es el verdadero sentido de una lucha contra la impunidad. De otra parte, creo en la libertad de pensamiento y en que los seres humanos no debemos ser perseguidos por nuestras convicciones políticas e ideológicas. Pero esa libertad y la lucha contra la impunidad deben estar aisladas de cualquier orientación que permita, precisamente, perseguir a unos y garantizar impunidad a otros; o lo más grave, condenar inocentes.
En Colombia son pocos los que han percibido una estrategia, tan bien concebida como nefasta, patrocinada por ciertos sectores, utilizando hábilmente, como en otros casos, a organismos internacionales.
Se conoció el 31 de agosto de este año, el anuncio hecho en Nueva York por el Secretario General de la ONU, acerca del nombramiento de Iván Velásquez Gómez, de Colombia, como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala.
Se ha presentado al mundo que el “Sr. Velásquez tiene una distinguida carrera legal, habiendo sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Colombia, donde coordinó las investigaciones de alto nivel sobre los vínculos entre grupos paramilitares y funcionarios públicos”.
Esta comisión que dirigirá Velásquez, es un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado Guatemalteco, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Funciona a partir del Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) suscrito el 12 de diciembre de 2006.
No obstante, sus verdaderos antecedentes están en el conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años y concluyó por lo menos “formalmente” en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, a partir de los cuales se ha registrado un aumento dramático en los “delitos violentos”, llegando a cerca de 6.000 homicidios por año, incluida masacres de mujeres y niños y en donde sólo el 2% de estos crímenes llegan a juicio. Con razón afirmó recientemente Humberto de la Calle, respecto del proceso de paz en Colombia que: “en el caso de llegar a un acuerdo definitivo con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) la paz podría llegar al país diez años después de ratificarlo”. Creo sin embargo, que la paz solo se conseguirá con verdadera Justicia.
Cualquiera pudiera pensar que la designación hecha por la ONU, podría representar un reconocimiento por su labor como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, argumento que no es cierto, pues fueron los propios magistrados de esta Corte , quienes al calificar las actuaciones de Velásquez y teniendo la oportunidad de designarlo como magistrado titular de ella, no lo nombraron y por el contrario, dentro del sigilo y acuerdo mutuo de silencio y complicidades en sus decisiones, impulsaron su salida de esta corporación.
Y es que existen serias dudas sobre las actuaciones de este exmagistrado auxiliar, al crear y ejecutar un modelo de investigación, en donde se utilizó una estrategia para incriminar exclusivamente a cierto sector de servidores públicos, especialmente aquellos afectos al expresidente ALVARO URIBE VELEZ, con quien Velásquez tenía diferencias ideológicas y malas relaciones en su natal departamento de Antioquia.
Hoy son muchas las demandas internacionales que cursan por violaciones a la Carta Interamericana de Derechos Humanos o al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , con ocasión de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, Se conoció el 31 de agosto de este año, el anuncio hecho en Nueva York por el Secretario General de la ONU, acerca del nombramiento de Iván Velásquez Gómez, de Colombia, como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en virtud de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Se ha presentado al mundo que el “Sr. Velásquez tiene una distinguida carrera legal, habiendo sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Colombia, donde coordinó las investigaciones de alto nivel sobre los vínculos entre grupos paramilitares y funcionarios públicos”. Esta comisión que dirigirá Velásquez, es un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado Guatemalteco, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los por procesos de única instancia, en donde el investigador es el mismo que lleva el juicio y dicta sentencia y en donde las sentencias condenatorias no tienen ningún recurso, además de otras violaciones ostensibles, concebidas, dirigidas y ejecutadas por el coordinador de los procesos de la para-política, el ex magistrado auxiliar IVAN VELASQUEZ.
Es decir, a Guatemala la ONU les está enviando al ratón a cuidar el queso, pues la lucha contra la impunidad no consiste en condenar a cualquiera , aún inocentes, con violación de elementales normas de derechos humanos, sino en combatir todo tipo de delito, sin sesgo ideológico o cualquier otro interés indebido.
Debemos , además, resaltar que la comisión Guatemalteca fue creada por petición de una coalición de ONGS de derechos humanos, quienes lanzaron una campaña cuyo objetivo era persuadir al Gobierno para que estableciera un órgano encargado de investigar las actividades de cuerpos ilegales y aparatos clandestinas de seguridad que amenazaban a los defensores de los derechos humanos así como a los oficiales investigadores del sector de justicia, encargados de los crímenes políticos cometidos durante el conflicto armado en ese país.
Es decir, su función, bá- sicamente, está dirigida a una fase de pos-conflicto, una vez suscritos unos acuerdos de paz, situación que se torna una verdadera coincidencia, en el actual momento histórico por el que atraviesa Colombia, frente al hecho de designar a un ciudadano colombiano precisamente en esa comisión. Es incuestionable la relación de Velásquez con sectores de la izquierda colombiana, y con la oposición política a Uribe Vélez , que quedó evidenciado en la fotos en las que apareció alegre, en una fiesta íntima de despedida a Claudia López, junto a León Valencia, Iván Cepeda y otros, e igualmente por su contratación, una vez hizo dejación del cargo de magistrado auxiliar, como asesor en la alcaldía de Bogotá, que dirige un exmiembro de la guerrilla del M-19, agrupación responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, tales como la toma al mismo Palacio de Justicia, en donde fueron sacrificados vilmente en 1985 los magistrados de una Corte Suprema de Justicia ejemplar, además de muchos civiles inocentes ajenos al conflicto.
Por ello, resulta por lo menos paradójico, que en el modelo impulsado tan “eficazmente” por Velásquez, no se haya avanzado en conocer la verdad o mejor se hayan desconocido las evidentes relaciones de muchos sectores con la insurgencia armada de izquierda en Colombia, tales como la guerrilla de las FARC, responsable durante décadas de las más graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a tal punto que hoy mismo las siguen cometiendo, con clara connivencia de funcionarios y particulares.
Esas mismas fuerzas que apoyaron a Velásquez para que desde adentro de la Sala Penal de la Corte Suprema, estableciera un modelo que investigara y condenara a unos, sin juzgar a otros, modelo alabado por personajes como León Valencia, ex guerrillero de la Corriente de Renovación Socialista, indultado y amnistiado tras la firma del acuerdo de paz de 1993, quien en sus escritos llama “cobardes” a los congresistas que resistieron las presiones de la misma justicia para que aceptaran un delito que no cometieron y de ese manera se les facilitara motivar las condenas sin pruebas de responsabilidad, ahora impulsaron y celebran la llegada de Velásquez a una com i s i ó n que le servirá de escenario, para la continuación de su estrategia en Colombia, una vez se suscriban los acuerdos de paz con las FARC.
Mientras tanto Tendremos que afirmar que la justicia en colombia siempre irá de mal en en peor.
Acuerdos que desde ahora muchos sectores critican, por fundamentarse precisamente en la impunidad de los más graves crímenes cometidos por esta guerrilla, al igual que se hizo en el pasado en Colombia, al otorgar indultos y amnistías, hoy proscritas en los estándares internacionales de Justicia.
El argumento en un futuro cercano será sencillo: ¿quién más, sino Velásquez, quien ya dirigió una comisión en un posconflicto como el caso Guatemalteco, para dirigir en Colombia una similar, o convertirse en el más autorizado asesor en el posconflicto colombiano, una vez se firme la impunidad para los crímenes de la insurgencia armada, bajo la máscara de la paz? Será un círculo perfecto, pues se asegurará que la insurgencia de izquierda no responda por los graves delitos contra la humanidad y que se sigan focalizando las actuaciones de la Justicia en el pos conflicto, con la bendición ingenua de un organismo como la ONU.
Ban Kimoon, Secretario General de la ONU.
Alerta Guatemala, estamos ante la exportación de una nefasta estrategia; ese país servirá de ejercicio de práctica para el odio que encarna el exmagistrado Velásquez, cuyos auspiciadores esperan a que florezca nuevamente, una vez consigan el propósito de que en Colombia gobiernen las Farc, con ciertos sectores que las patrocinaron, apoyaron, financiaron y les aseguraron impunidad para sus atroces crímenes.
Mientras tanto, tendremos que afirmar que la Justicia en Colombia, siempre irá de mal en peor.
