ARTÍCULO: La Sala Penal pisó el Estatuto de Roma

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Colombia es signataria de varios tratados internacionales que defienden los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los ha violado al enjuiciar y condenar en única instancia a aforados elegidos por voto popular.

Es totalmente cierto que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha pisoteado la normatividad que contempla el Estatuto de Roma cuya vigencia es a partir del año 2002, consideramos que desde el año 2005 y hasta el mes de mayo del cursante año la conducta prevaricadora de esta Sala violentando no solo normas domésticas sino también normas del derecho internacional, al condenar aforados elegidos por voto popular en única instancia por el presunto “delito” de parapolítica.

Las violaciones son claras y manifiestas en contra de los tratados que Colombia ha signado desde la década de los 70, me refiero de manera especial a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la violación es totalmente palpable a simple vista y se cometió juzgando y condenando a aforados en única instancia, totalmente contrario a lo estipulado en los tratados referenciados en líneas anteriores que protegen los derechos humanos y obligan al estado parte a que toda condena de primera instancia o por primera vez tenga un juez diferente al que la profirió. Normas que se encuentran en la CADH en el articulo 8-h y en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el articulo 14-5.

Es totalmente conocido que los tratados internacionales por expreso mandato de nuestra Constitución en su artículo 93, ordena que los tratados internacionales que defienden derechos humanos y ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden interno y se han definido en el argot jurídico como parte del bloque de constitucionalidad (sentencia C-225/1995 Corte Constitucional), contrario a estos preceptos la Sala Penal ha condenado en única instancia a más de 60 aforados constitucionales elegidos por voto popular.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenando en única instancia a aforados, está violando el Estatuto de Roma, del cual Colombia es signatario.

El acto legislativo Nº 1 de enero de 2018, no es cierto que a partir de su vigencia es que se tenga en Colombia el derecho de apelar la sentencia contra aforados constitucionales, ya que este es un mandato de los pactos internacionales que Colombia ha signado y de la propia jurisprudencia que los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos ha prolijado sobre el cumplimiento de la doble conformidad situación de la cual la Sala Penal se mantuvo al margen.

El articulo Nº 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos así como otros pactos internacionales de los cuales somos parte, establece la obligación que tienen nuestros jueces como estado parte de efectuar no solo el control de legalidad y de constitucionalidad en los asuntos de su conocimiento, sino también, que sus decisiones deben estar amparadas en los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido en el derecho internacional como el control de convencionalidad que también fue pretermitido de manera rampante por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que al ignorar el control de convencionalidad logró perseguir y condenar sistematicamente a miembros del poder legislativo elegidos por el voto popular.

La Corte Penal Internacional, organismo multilateral ante la cual Colombia tendrá que responder por los delitos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El control de convencionalidad que señalamos no es una mera doctrina o teoría, es una regla de obligatoria aplicación para los jueces nacionales cuando un estado ha ratificado el tratado internacional como es la Convención Americana, de esa aplicación depende el efecto útil de la convención, que esta no se vea pisoteada por la aplicación de leyes contrarias a las establecidas internacionalmente.

Las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Jurisprudencia) también están regladas dentro del mecanismo internacional pero además en Colombia la sentencia C-481/1998 expresó: “es lógico que nuestro país acoja los criterios jurisprudenciales de los tribunales creados por tales tratados para interpretar y aplicar las normas de derechos humanos, esta doctrina internacional vincula entonces a los poderes públicos en el orden interno”.

Concluimos que la Sala Penal ha violentado los designios de los tratados aquí señalados y las jurisprudencia  internacional que los acompañan.

LA SALA PENAL COMETIÓ CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Si leemos el articulo Nº 7 del Estatuto de Roma en su ordinal e. y h. del numeral 1º y el ordinal g. del numeral 2º que rezan:

Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad”. Numeral 1. cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

Numeral 2. A los efectos del párrafo 1: g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

No queda ninguna duda que el crimen cometido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia violando normas internas y peor normas internacionales de defensa de derechos humanos consignadas como parte del derecho internacional los ubica en la responsabilidad penal individual ante el Estatuto de Roma.

No desconocemos la complementariedad del guardián absoluto del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, pero también advertimos que existen circunstancias que permiten la admisibilidad de estos hechos y ellos se encuentran debidamente estatuidos en el artículo 17 de este código penal internacional.

Conocemos de sobra el camino tortuoso de un ciudadano para lograr abrir una causa en la CPI, camino tortuoso y de pronto de algo más de una década. El derecho internacional es mayoritariamente de estado, ¿Cómo hará el actual presidente o quien esté en turno cuando los organismos internacionales comiencen a establecer la responsabilidad internacional de Colombia por violación a los tratados?, la solución económica puede ser repetir contra los autores, pero la penal debe hacer cumplir la punibilidad de los mismos que además hoy en Colombia los perpetradores de estos delitos son sus propios jueces en materia penal, de lo cual hay un silencio cómplice absoluto al interior del país pero que indudablemente es un escandaloso tsunami para el derecho internacional.

Solo nos hemos referido en este escrito a las violaciones manifiestas a las normas de carácter internacional, pero aseguramos que las mayores violaciones se cometieron en los procesos adelantados y en el contenido de los mismos totalmente espurios y flagrantemente contra todos los derechos fundamentales y leyes internas delitos que también pueden ser temas de la Corte Penal Internacional.

 

 


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